Venezuela se ha quedado sin poder Legislativo. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, decidió este miércoles por la noche despojar de competencias a la Asamblea Nacional (AN).
Con mayoría de la oposición, por estar en “desacato”, según determinó el máximo tribunal el año pasado tras el incumplimiento de varias sentencias. La sentencia número 156 ordena que la Sala Constitucional del TSJ asuma el rol del Parlamento para garantizar el “Estado de derecho”. Entre otros argumentos, el tribunal defiende que se han incorporado tres de los cuatro diputados del Estado de Amazonas (sur de Venezuela) a la AN cuya investidura había sido impugnada.
El dictamen es un golpe fulminante para el Legislativo. Hace dos días, el Supremo arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales al presidente Nicolás Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
“Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”
Dijo el mandatario venezolano.
Unas 45 ONG venezolanas han alertado sobre las decisiones del Supremo. “Rechazamos el control constitucional ejercido por un Tribunal Supremo de Justicia, carente de independencia, que ha permitido el ejercicio de facultades ilimitadas por parte del poder Ejecutivo y la interpretación arbitraria del texto constitucional, reiterando el actual poder dictatorial del presidente de la República”, dicen las ONG en un comunicado.
Muchos interpretan que la sentencia es una reacción al intento de la Organización de Estados Americanos (OEA) de activar la Carta Democrática Interamericana, que ha apoyado la Asamblea Nacional. Maduro advirtió el martes, tras conocer los resultados del debate en el organismo internacional, que ejecutará una agenda ofensiva en “defensa de los pueblos”.
El Supremo, que se ha encargado de ir invalidando las decisiones del Parlamento, deja ahora a los diputados opositores en manos del chavismo, que ha acusado a los asambleístas de traición a la patria por apoyar al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El encarcelamiento del diputado de Voluntad Popular Gilber Caro supone un mal precedente en esta trama. En enero, el parlamentario fue detenido por presunta posesión de material de guerra. El vicepresidente Tareck El Aissami instó a los tribunales a castigarlo con “todo el peso de la ley” por estas acusaciones. Para Unidad Democrática este caso se suma a la lista de presos políticos que hay en el país caribeño.
“Con la sentencia que elimina la inmunidad parlamentaria a los diputados podemos tener más casos como el de Gilber Caro en Venezuela. Se trata de algo grave”, señala a este diario la abogada Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia.
Fuente: Internacional el País
