Durante un mes, Venezuela se ha visto sacudida por manifestaciones populares masivas contra el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha llevado al país a una distopía de la disfunción económica y criminalidad, mientras viola descaradamente las normas democráticas y constitucionales.
Las demandas de la oposición tuvieron eco en la mayoría de los vecinos de Venezuela en la Organización de los Estados Americanos: liberar a los presos políticos, celebrar elecciones democráticas, y tomar medidas para remediar la escasez drástica de alimentos y medicamentos, entre ellos, aceptar la ayuda humanitaria.
La respuesta del régimen ha sido brutalmente inflexible. Ha reprimido a los manifestantes de la oposición con balas de goma y los ha envuelto en gas lacrimógeno; 29 personas fueron reportadas muertas en las manifestaciones.
También ha anunciado su intención de retirarse de la OEA, en la que se ha enfrentado a demandas para someterse a una carta democrática que garantiza la libertad de reunión y las elecciones libres.
El lunes, Maduro anunció una respuesta más radical aún: la convocatoria de una asamblea constituyente para reescribir la Constitución, una maniobra con la clara intención de evitar futuras elecciones y convertir formalmente a Venezuela en un estado autoritario.
Es fácil ver por qué Maduro querría evitar una resolución democrática de la crisis. Las encuestas muestran que el gobierno tiene el apoyo de menos de una cuarta parte de la población, que está afectada por uno de los mayores índices de crímenes violentos y una escasez de alimentos tan severa que una gran mayoría de la población dice haber perdido peso.
La oposición ganó las últimas elecciones para la Asamblea Nacional por una mayoría abrumadora en diciembre de 2015; desde entonces, el régimen ha utilizado su control del Tribunal Supremo para despojar a la legislatura de poder mientras se negó a programar las elecciones locales y un referéndum revocatorio de Maduro.
Ahora, Maduro está proponiendo una asamblea constituyente que no será elegida por una votación libre y justa. La mitad de sus miembros provendrían de organizaciones sociales controladas por el partido gobernante.
Una vez convocada, probablemente el montaje sería utilizado para disolver el Congreso controlado por la oposición y darle el poder a las estructuras del régimen; podría rehacer Venezuela a la medida de Cuba, cuyo régimen castrista ha sido el tutor de Maduro.
La perspectiva de este golpe ha llevado a la oposición a redoblar sus protestas. Las carreteras de gran parte de Caracas fueron bloqueadas por barricadas de los manifestantes. Pero Maduro y la camarilla corrupta que le rodea, incluyendo los generales acusados de tráfico de drogas y de sacar provecho de los cargamentos de alimentos, calculan que pueden ganar la batalla en las calles y que perderán todo si están de aceptan elecciones.
El resultado es que uno de los países más importantes de América Latina, un importante productor de petróleo con una población de 30 millones, se dirige hacia un cataclismo mayor a cualquiera que haya vivido el hemisferio desde las guerras centroamericanas de la década de 1980.
No está claro lo que ahora puede detener a Maduro, pero un proyecto de ley presentado el miércoles en el Senado de Estados Unidos por una amplia coalición bipartidista ofrece un camino a seguir, incluyendo USD 10 millones para fondear una iniciativa de ayuda humanitaria liderada por Estados Unidos, reforzar las sanciones a altos funcionarios y la compilación de un informe sobre la participación de estos funcionarios públicos en el tráfico de drogas y la corrupción.
Los esfuerzos de Estados Unidos para rescatar a Venezuela han sido durante mucho tiempo esporádicos y poco entusiastas; este es el momento de dar un paso adelante.
Infobae
