Argentina vive tiempos de agitación social. Si antes fue la economía, ahora la causa son los derechos humanos, un terreno en el que el país dio pasos de gigante en gobiernos anteriores.
La Corte Suprema redujo la condena de un represor de la pasada dictadura, una de las más cruentas del continente. No es con impunidad o privilegios que la sociedad va a sanar, sino con justicia.
Así lo considera la mayoría de personas e instituciones que levantaron su voz de protesta. Ayer un tribunal declaró inconstitucional el fallo, que abría las celdas de cientos de sentenciados por torturas y crímenes de lesa humanidad.
Esa es la vía correcta, pero inevitablemente el caso volverá a la máxima instancia judicial del país. Esa será su oportunidad de redimirse.
Todo esto deja un sabor amargo porque funcionarios del gobierno de Mauricio Macri o han minimizado los efectos de la dictadura o no han mostrado un compromiso real con la defensa de los derechos humanos.
El Telégrafo
