El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó este lunes el Decreto que crea el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que finalmente estará integrado por nueve de las 13 personas convocadas por el Mandatario.
Este frente está conformado por seis miembros de la sociedad civil: Xavier Zavala Egas, Carlos Rabascall, Tatiana Hidrovo, Larissa Marangoni, Pablo Dávila y Pablo Vanegas. Además tres miembros del gobierno: la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la canciller María Fernanda Espinosa y Andrés Mideros, titular de la Senplades.
Previamente, el Mandatario mantuvo una reunión en el Palacio de Carondelet con los nueve integrantes de esta instancia. No estuvieron Francisco Borja, monseñor Fausto Trávez, Fabián Corral ni Julio César Trujillo, los otros cuatro convocados.
«Este frente empezará de inmediato su trabajo. Nuestra lucha contra la corrupción será implacable», apuntó Moreno en la ceremonia de posesión. Destacó que sus integrantes se caracterizan por su trayectoria limpia y su entrega a importantes causas. Añadió que, incluso, dejaron a un lado ideologías contrapuestas para trabajar en beneficio de la nación, por lo cual les agradeció en nombre del pueblo.
El Jefe de Estado anunció que esta instancia contará con la asesoría permanente de la agencia y organismos del Sistema de Naciones Unidas.
El Decreto, suscrito este lunes por el Ejecutivo, declara como política prioritaria del Gobierno el fortalecimiento de la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Además, crea la «Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción» como instrumento que definirá las políticas y acciones concretas para la prevención y lucha contra este flagelo.
El frente tendrá cuatro atribuciones: proponer al Presidente de la República estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público y privado; exhortar, de ser el caso, a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones, de acuerdo con las competencias que le confiere la ley, respetando el debido proceso; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y valores; y presentar propuestas de políticas y normas para la transparencia y lucha contra la corrupción.
Más temprano, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, señaló que todo el país está pendiente de esta «gran cruzada» que es un compromiso del Ejecutivo y todos los órganos que son parte del sector público. Este combate -dijo- se ha dado en diferentes frentes «no solo en el tema Odebrecht. Queremos saber la verdad con toda la información, con todos los nombres».
Pablo Dávila dijo que la ciudadanía debe entender que se necesita una lucha sistemática contra la corrupción. «Esto quiere decir que debemos estar vigilantes de que el manejo de los fondos públicos haya sido hecho con la mayor transparencia, independientemente de quiénes son las personas y los cargos que ocupan en la administración pública».
Fuente: El Telégrafo
