Una delegación de la Legislatura, presidida por su titular, José Serrano, participará este 9 y 10 de junio, en la Trigésimo Tercera Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) que se desarrollará en su sede, en Panamá.
En esta oportunidad, la migración es el tema que motiva a los legisladores de la región. El cónclave se lo ha denominado «Realidades y compromisos rumbo al Pacto Mundial».
La representación de Ecuador está integrada por José Serrano; Carlos Bergman, segundo vicepresidente; Karina Arteaga, Karla Cadena, Elizabeth Cabezas, César Litardo y Tito Puanchir, asambleístas. Ellos se juntarán a más de 200 parlamentarios y expertos en migración, quienes discutirán sobre seis ejes que se enmarcan en la protección de los derechos humanos de este sector de la movilidad humana.
Entre las temáticas que se abordarán constan los efectos de la migración irregular y por vías regulares; la cooperación internacional y la gobernanza; el tráfico ilícito de migrantes; la trata de mujeres, niños y jóvenes; contribuciones de estas personas para el desarrollo sostenible; y, migraciones causadas por los efectos del cambio climático o contextos de crisis.
Con el foro, el Parlatino busca contribuir a la conformación de un marco conceptual y operativo que sirva de elemento orientador para el accionar de los parlamentos, así como para la elaboración de un documento regional que sirva de insumo para la elaboración del Pacto Mundial.
Este Pacto Mundial se lo tratará en una conferencia para la migración regular, ordenada y segura, que se realizará el próximo año, como parte de una resolución que aprobó la Organización de Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2016, en el marco del septuagésimo primer período de sesiones, en Nueva York. En esa ocasión se hizo el lanzamiento de un proceso de negociaciones intergubernamentales.
En Nueva York, los estados miembros de la ONU afirmaron que se ha examinado la mejor manera en que la comunidad internacional debe responder al creciente fenómeno mundial de los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.
Desde Ecuador, en el 2008, la Asamblea Constituyente aprobó la Carta Magna en la que se reconoce a las personas el derecho a migrar y considera a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Bajo ese principio, el gobierno implementó políticas públicas para atender a estos sectores, mientras que en la Legislatura se aprobó la Ley de Movilidad Humana para que las mismas sean de cumplimiento obligatorio.
En la normativa se contempla los derechos y obligaciones de todas las personas en movilidad humana. Establece la protección que debe brindar el Estado a los ecuatorianos en el exterior, a los retornados, a los extranjeros que se encuentran en nuestro país. Existe un capítulo referente a la ciudadanía universal suramericana y otro sobre la trata y tráfico ilícito de migrantes.
El documento de la ONU explica que “estamos en presencia de una movilidad humana que ha alcanzado un nivel sin precedentes”, y que en todos los países del mundo hay migrantes. También asegura que al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce claramente la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible y que nuestro mundo es un mundo mejor gracias a esa contribución.
Hace pocos días el presidente de la Asamblea Nacional se reunió con el coordinador residente en Ecuador del Sistema de Naciones Unidas, Arnaud Peral, con quien se comprometió a impulsar una agenda conjunta para impulsar los objetivos del Desarrollo Sostenible.
De igual forma, el Parlatino mantiene alianzas estratégicas con las agencias de las Naciones Unidas con el propósito de tratar temas que aquejan a la región y recibir su apoyo técnico de proyectos de leyes modelo que son enviados a cada uno de los 23 parlamentos miembros para su discusión.
Fuente: Ecuador inmediato
