Entre enero y mayo del 2017 se han retenido 1 941 unidades que se usaban para transportar pasajeros, sin contar con los permisos correspondientes. En promedio, se han sancionado a 400 conductores de taxis por mes, según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Actualmente, en el Distrito circulan 15 500 taxis formales. Los conductores de las unidades que no tienen los permisos respectivos, en cambio, están expuestos a sanciones.
Los conductores que ofertan el servicio sin tener autorización deben asumir una multa de USD 750, la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir y la retención de las unidades durante siete días mínimo, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En caso de que los vehículos retenidos sean amarillos, como los taxis convencionales, estos deben ser pintados de otro color para que puedan circular en las vías.
Jorge Toapanta lleva diez años como taxista y no ha sido regularizado. “Yo he sido sancionado cuatro veces. Se va detenido el carro, hay una multa y encima reducen puntos en la licencia”, dijo indignado.
Carlos Molina, presidente de la Cooperativa de Taxis Ruta Padre Luis Vaccari, dijo que los 50 miembros de esa organización creen que estas regulaciones afectan su derecho al trabajo. Ellos hacen la ruta avenida NN.UU.-Carapungo.
Tanto Toapanta como Molina esperan los resultados del estudio de la calidad del servicio de taxis en Quito. La Secretaría de Movilidad presentará esta información el próximo lunes en la tarde, en una reunión extraordinaria.
Una vez conocidos los resultados, la Comisión de Movilidad presentará un proyecto de resolución o de ordenanza para que el Concejo Metropolitano tome una decisión.
Todo este proceso tendrá el acompañamiento de una veeduría ciudadana. Esta se encuentra conformada por Guillermo Abad, Iván Valenzuela y Xavier Oliva. Y cuenta con el respaldo del concejal independiente, Sergio Garnica.
La veeduría verificará que el estudio sobre la oferta y demanda de taxis en Quito cumpla con los parámetros técnicos, precisó ayer Abad, coordinador de la veeduría.
En el caso de que exista la necesidad de incrementar el número de cupos de taxis, la veeduría hará un seguimiento. Además, se emprenderán acciones para evitar posibles irregularidades.
Para no afectar a los casi
20 000 aspirantes a un cupo formal del taxismo, según William Aguagüiña, representante del Frente Independiente de Taxis del Sur de Quito, estos deberían demostrar que fueron parte del proceso de regularización anterior. “Conozco que existe una demanda de al menos 8 000 taxis, en las zonas periféricas”, indicó Aguagüiña.
Por su parte, Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, expresó que los controles deben continuar, porque la ley impide que circulen taxis sin autorización.
Mientras se tramitan los resultados del estudio del taxismo, la AMT informó que no se puede inhibir de conocer la norma y ejercer el control.
El conocer los resultados del estudio, no implica que esté en marcha un nuevo proceso de regularización de taxis, expresó el concejal Garnica.
La decisión de incorporar o no más taxis en la capital debe tomarla el Pleno del Concejo Metropolitano de Quito.
Fuente: El Comercio
