El pitbull que fue atacado con un machete en el norte de Quito continúa en recuperación. Cristina Calderón, de la Fundación Camino a Casa, informó a este Diario que el pasado lunes 12 de junio se puso una denuncia formal en el Juzgado de Contravenciones en contra del presunto agresor del can.
En el sistema jurídico de Ecuador, el maltrato animal es considerado una contravención. El artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) refiere que “la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario”. Si la agresión provocaba la muerte de Bruno, el agresor hubiese recibido una condena tres a siete días de privación de libertad.
Para la abogada Inti Alvarado Romero, máster en Derecho Animal, estas sanciones no generan precedentes en el tema judicial y tampoco crean conciencia en la población sobre estos actos. “Al ser penas irrisorias, realmente no tienen ningún impacto en la sociedad a la que se supone que deben regular”, dice.
Ella considera que las sanciones actuales no están encaminadas a proteger los derechos de la naturaleza ni los de los animales, “sino una suerte de convivencia en un entorno humano, donde los animales cohabitan y eso hace necesarias relaciones de coexistencia entre las especies”, aclara Alvarado, quien también es síndica de Rescate Animal Ecuador.
En este sentido, los legisladores crean leyes para regular esta convivencia entre humanos y animales. Pero ella califica el impacto como “nulo”. “Cualquier persona que quiera seguir explotando y cruelmente maltratando animales sabe que tiene carta abierta para hacerlo porque la mayoría de estos casos no son resueltos por las autoridades y, cuando son resueltos, entonces las penas son bastantes simbólicas”, agrega Alvarado.
Según la Agencia Metropolitana de Quito, en 2014 se atendieron 532 denuncias, se realizaron 604 inspecciones y se rescataron 443 animales en situación de maltrato. En 2015 se realizaron 1 000 inspecciones, 628 atenciones a denuncias y 344 rescates a animales.
Colectivos presentaron en 2014 el proyecto de Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA). La normativa no se aprobó de forma independiente, pero la Asamblea incluyó algunos pedidos de las organizaciones de protección animal en el Código Orgánico del Ambiente.
Una de las propuestas en el debate del COA fue la inclusión de una disposición reformatoria al Código Civil para dejar de considerar a los animales como bienes muebles. El Ejecutivo vetó esta disposición, entre otras, y no se incluyó en el texto final. Pero hubo un avance: ahora se reconoce al bienestar animal como el límite para uso y disposición de estas especies.
Fuente: El Comercio
