“Te vamos a matar”. “Deja de investigar o tus familiares sufrirán”. Estas son algunas de las amenazas que jueces o fiscales reciben. Los funcionarios que manejan casos complejos saben que están expuestos a intimidaciones y a atentados de las mafias.
Sandra Morejón, fiscal provincial del Guayas, reconoce que cuando llevan un caso de mayor connotación como de lavado de activos o narcotráfico se busca amedrentar al funcionario para que no asista a determinada audiencia o acuse a un detenido.
Quienes lo realizan “pertenecen a bandas de crimen organizado” y realizan amenazas “a través de mensajes de datos que abarca mensajes de textos y correos electrónicos”.
Estos funcionarios han tenido que acogerse a la protección policial, incluso al Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, a cargo de la Fiscalía General.
Hasta diciembre de 2016, ocho jueces y fiscales estaban con protección estatal en Quito. Mientras que en Guayas, cuatro fiscales gozan de esta protección, indicó Morejón.
Un secretario que prefirió mantener su nombre en reserva, contó que conoció que un juez que tuvo un caso de narcotráfico en el 2015. Recibió amenazas telefónicas y tuvo que acudir a las autoridades para obtener protección para él y su familia.
El temor ha crecido en estos años por este motivo los integrantes de la Mesa de Justicia integrada por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior firmaron el pasado 6 de junio un protocolo de seguridad para proteger jueces y fiscales.
Julio Aguayo, director provincial de la Judicatura del Guayas, explicó que la protección y seguridad alcanza a funcionarios que sustancian expedientes relacionados con delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, defraudación aduanera, usura, lavado de activos, producción o tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros.
Las autoridades han constatado que los operadores de justicia que trabajan en las provincias de frontera: Carchi y Esmeraldas y los de Manabí son los que más amenazas reciben con el fin de que cambien sus criterios judiciales.
El operativo antidrogas Sol Naciente, cumplido en abril de este año, en Manabí y Guayas, no solo dejó la incautación de USD 12 millones, 11 detenidos y 20 allanamientos, sino también la confirmación de que tres fiscales fueron amenazados.
Los miembros de la organización delictiva ubicaron sus domicilios e hicieron sus perfiles. La información se obtuvo a través de una llamada telefónica.
Este operativo fue consecuencia de otro cumplido en Colombia. Ahí se capturó a Washington Prado alias ‘Gerald’, a quien se le atribuye la autoría de las muertes de fiscales, jueces y policías debido a que supuestamente disponía “ajustes de cuentas a través de grupos armados”. Su disposición también era perseguirlos.
Aguayo indicó que ante estas intimidaciones, habrá una reacción de seguridad inmediata mediante el resguardo policial personal y luego de los estudios de riesgos definitivos se tomará decisiones sobre la permanencia de la protección o ampliación de la misma.
Para acceder a la protección el funcionario, desde su correo institucional, a través de un formulario que estará disponible en las páginas web de las Fiscalía, Judicatura y Ministerio del Interior podrá hacer su solicitud
Luego este pedido se remite al Ministerio del Interior, el cual inmediatamente lo emite a la unidad de análisis de riesgo, la cual determinará el tiempo de duración de esa seguridad u otro sistema complementario que pueda sumarse a la protección del funcionario o si pasa al Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos.
La última base de datos levantada por ese ente revela que 151 funcionarios, entre jueces y fiscales, ingresaron al sistema de protección por amenazas de los grupos criminales. Los datos corresponden al período entre 2012 y 2015.
Para Morejón, el protocolo de seguridad los beneficia porque “vuelve más ágil los trámites burocráticos que antes teníamos que hacer para pertenecer al grupo de protección y testigos”.
El pasado 8 de junio una alerta de bomba interrumpió audiencias en la Corte de Justicia del Guayas. El sitio fue inspeccionado y acordonado y se impidió el ingreso a los funcionarios y al público. Además se realizó la evacuación al personal que ya había ingresado a la Corte Provincial.
Luego de la inspección, se informó que no habían encontrado la presencia de ningún explosivo en el edificio y aproximadamente y se permitió el ingreso de los servidores públicos y de los usuarios.
La protección va a estar a cargo de un cuerpo especializado de la Policía Nacional, y subrayó que la Dirección Nacional de Inteligencia es la que realizará este diagnóstico y los mecanismos de seguridad para cada persona.
En base al diagnóstico se puede determinar la composición del equipo, tanto de personal como de material que se necesita, para garantizar la seguridad no solo de los funcionarios sino de los familiares cercanos.
Fuente: El Comercio
