En la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra), ubicada al sur de Quito, se realizó este lunes un acto de reparación a 41 víctimas de atentado al pudor por parte de un docente de esa institución, ocurrido en el transcurso del año lectivo 2010-2011.
El acto inició con intervenciones de autoridades del plantel, durante el desarrollo del minuto cívico. Allí estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación, padres de las víctimas, profesores, representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y alumnos.
Al principio, hubo impedimento para el ingreso de la prensa, lo que generó rechazo en los familiares de las víctimas. Finalmente, los medios de comunicación pudieron presenciar el acto.
Mientras las autoridades de la academia intervenían, los padres de las víctimas exigían a estas que sean más específicas en los discursos. «No hay disculpas públicas» y «A nosotros no nos dan nada con sus disculpas», gritaron. También hubo algunos forcejeos con policías.
Ante esta situación, la fiscal Thania Moreno se retiró del acto. Antes de salir, indicó a los medios de comunicación que presentará un informe en el que se detallará que la institución no cumplió con las disculpas públicas, tal y como lo contempló la sentencia.
«Vamos a pedir un informe para solicitar al juez si efectivamente se ejecutó lo que se dispuso… Yo no escuché disculpas públicas», expresó a su salida.
Luego, el acto se trasladó al curso donde ocurrieron los atentados al pudor. Allí se develó una placa con la leyenda: «En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo». Sin embargo, los padres de los ofendidos no tuvieron acceso.
Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, explicó que se trata de un acto simbólico para que nunca más se repita ninguna agresión de ese tipo.
Sáenz señaló que la placa es un «hecho simbólico importante de restitución de derechos, necesario, para que nunca, jamás, vuelva a haber ningún tipo de violencia ni sexual ni de ningún tipo».
Este acto se efectuó en cumplimiento a una sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC), que dio como plazo a la academia hasta el 30 de este mes.
El caso se suscribe luego de que José Negrete, docente del plantel, atentara contra sus alumnos en la institución educativa. Por este delito fue sentenciado a 16 años de prisión, además del pago de $ 10 mil a cada víctima.
Estas acciones forman parte de la reparación integral que emitió en primera instancia el Tribunal Penal y ordenó en la sentencia condenatoria impuesta a Negrete en marzo de 2016. La sentencia fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, en mayo de ese año.
Luego de que se ejecutorió la sentencia, la Academia planteó un recurso extraordinario de protección, que finalmente fue negado por el pleno de la CC.
Fuente: El Telégrafo
