Las sanciones que estipula Ecuador para la trata de personas son suficientemente estrictas, según el reciente informe anual del Departamento estadounidense de Estado acerca de este delito. Sin embargo, consta que no son proporcionales con otros ilícitos graves como la violación.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente en el país desde agosto de 2014, establece en el artículo 91 una pena que oscila de 13 a 16 años para la trata de personas. Pero, según las circunstancias y daños provocados, puede alcanzar una pena de prisión de hasta 22 años.
El estudio 2017, presentado esta semana, destaca que en el país también se penaliza por separado la explotación sexual, la prostitución forzada, el turismo sexual, el trabajo forzoso y otras formas de explotación laboral. Además el Código de la Niñez y Adolescencia estipula sanciones para la explotación infantil y el contrabando de niños.
Situación en América Latina
De acuerdo con el Departamento de Estado, en América Latina solo Chile y Colombia cumplen con los estándares en materia de combate del tráfico de personas.
Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay están en el Grupo 2, que reúne a los países que no cumplen plenamente con los estándares estipulados por el Departamento de Estado pero han mostrado ‘progresos’.
En tanto, Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Surinam fueron incluidos en la lista ‘bajo observación’ entre el Grupo 2 y el Grupo 3.
Protección a víctimas
En Ecuador existe el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, que durante el período de estudio en 2016, asistió a 47 víctimas, una cifra menor comparada con las 72 víctimas en 2015 y 66 en 2014. El gobierno concedió un período de 30 días para que las afectadas decidan si participaban o no en el proceso penal contra los traficantes. La mayoría dijo que no por temor y amenazas.
En el estudio se revela que La Unidad de Policía de Lucha contra el Tráfico y Contrabando de Personas detalló la detención de 56 presuntos traficantes y 52 operaciones de lucha contra la trata en 2016, un aumento de 10 incursiones con relación al 2015 y 19, con el 2014.
Las autoridades precisaron que hubo 18 procesos y 40 condenas. En 2015 se registraron 64 procesamientos y 31 condenas. En 2014, fueron 95 enjuiciamientos y 20 condenas en 2014. En 2016, la sentencia promedio por delitos de tráfico fue de 16 años. Durante el período del informe se conoció que en algún caso dos víctimas fueron acusadas como delincuentes.
Vulnerabilidad
La psicóloga clínica Annabelle Arévalo indicó que hay más vulnerabilidad cuando las chicas son víctimas de violencia física, psicológica y sexual en el hogar. “Buscan un espacio donde sentirse personas y suelen involucrarse con quienes las inmiscuyen en este mundo. Como los familiares ven que se van de casa con un novio piensan que no regresan por amor y otros denuncian el hecho como una desaparición”. Agregó que las chicas viven amenazadas o manipuladas al punto de no darse cuenta de que son víctimas de un delito.
La exasambleísta Gina Godoy enfatizó que es necesario que las personas explotadas pierdan el miedo y denuncien. Indicó que el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad del programa antitrata, pero pese a la voluntad política las jóvenes y adolescentes están expuestas. “No solo debe haber rigurosidad en la ley, pues a veces las familias se convierten en expulsadoras de las chicas cuando las rodean de violencia”.
Fuente: El Telégrafo
