La Comisión de Justicia aprobó este martes, por unanimidad, el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales, la cual fue aprobada en las elecciones del 19 de febrero pasado.
La propuesta prohíbe el desempeño de una dignidad de elección popular o de servidor público a personas que tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en países considerados paraísos fiscales.
El organismo legislativo sometió el proyecto a un proceso de socialización y recopilación de aportes, comentarios y observaciones de parte de autoridades de la Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Servicio de Contratación Pública, catedráticos y expertos constitucionalistas.
Antes de la sesión de la Comisión, Marcela Aguiñaga explicó que se recibieron observaciones de legisladores para incorporar al proyecto. Entre estos planteamientos consta que haya un ámbito administrativo de ejecución rápida y eficaz de la ley, a través de la investigación, que será una auditoría del examen especial que haga la Contraloría General del Estado.
«Y en el caso de aquellos cargos de dignatarios que son sujetos a control político, básicamente sea remitido el expediente con una nueva atribución de la Corte Constitucional para verificación del cumplimiento del debido proceso. De manera que no necesariamente el proceso sea a través de los cuerpos colegiados como la Asamblea Nacional, concejos municipales, entre otros, donde dependería de la voluntad de las mayorías de las fuerzas políticas y no de la aplicacion de la ley», añadió la presidenta de la Comisión.
Aguiñaga cree importante que el proceso pase por la Corte Constitucional, que permitirá hacer control posterior, sobre todo en la verificación del cumplimiento del debido proceso. Esto siempre cuando se agote el procedimiento de Contraloría.
En el caso de funcionarios públicos, los cuales tienen contrato con la Losep y que no son sujetos de control político, no iría a la Corte Constitucional sino que el trámite terminaría con la destitución que emita la Contraloría.
El informe también recoge la posibilidad para que los candidatos que aspiren a un cargo público tengan inhabilidad, en algunos casos, luego de que sean candidatos. Para ello, dijo Aguiñaga, será necesario reformas al Código de la Democracia.
El proyecto también plantea que sea el Servicio de Rentas Internas (SRI) la entidad competente para definir el listado de los paraísos fiscales.
La aplicación de la ley -que incluye ocho artículos- implica también la reforma de otras leyes como la de Servicio Público, el Código de la Democracia y la de Garantías Juridisdiccionales.
Para que el informe sea puesto en el orden del día de este jueves por parte de José Serrano, presidente del Legislativo, debe ser remitido a la Secretaría hasta antes de las 14:00 de hoy.
Fuente: El Telégrafo
