El costo para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 asciende a los $ 3.343 millones, según estudios realizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
De este monto, $ 2.255 millones (67%) provienen del sector público y 1.091 millones (33%) del sector privado.
Estas cifras se conocieron este miércoles, 12 de julio, durante el encuentro “Recuperación posterremoto, gestión de riesgos y cooperación internacional: un año después”, organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
El encuentro se efectuó para reflexionar sobre las acciones para impulsar la recuperación y reconstrucción en zonas afectadas tras el terremoto que tuvo una intensidad de 7,8 grados.
Eloy Basantes, director Zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), se basó en los estudios realizados por Senplades para detallar las consecuencias del movimiento telúrico que afectó las provincias de Esmeraldas y Manabí.
El funcionario reiteró que el terremoto es considerado como el más fuerte en los últimos 40 años. Entre el 16 de abril de 2016 y el 11 de julio de 2017 ocurrieron 3.817 réplicas.
Esta catástrofe natural dejó 671 fallecidos y 4.859 heridos. Además, 113 personas fueron rescatadas con vida; se activaron 251 albergues (entre los oficiales y espontáneos).
En cuanto a infraestructura, alrededor de 80 kilómetros de vías resultaron afectadas, al igual que 35.264 viviendas, de las cuales 13.962 casas colapsaron.
Basantes añadió que 51 establecimientos de salud sufrieron daños. Lo mismo ocurrió en 875 escuelas (entre públicas y privadas), 11 universidades e instituciones de investigación y 72 centros de desarrollo infantil.
En el sector productivo, dijo, se perdieron 21.823 puestos de trabajo entre formales e informales. Además, 80 mil personas se desplazaron a causa del terremoto de los cuales 28.775 se albergaron en refugios y albergues; 15 mil se alojaron en casas de acogida y el resto habría optado por la migración.
En esa línea, Basantes explicó de qué forma se dividirán los gastos. En el sector social (vivienda, salud, educación y patrimonio) se invertirán $ 1.368 millones. La reconstrucción de la infraestructura alcanza los $ 862 millones.
En cambio, para el sector productivo están previstos $ 1.032 millones. Y para medio ambiente y gestión de riesgos y atención a emergencias se destinarán $ 81 millones.
Fuente: El Telégrafo
