El tribunal administrativo de París le dio razón este miércoles al gigante de internet estadounidense Google, que se oponía a una rectificación del fisco francés por 1.115 millones de euros de impuestos adeudados.
El tribunal estimó que la filial irlandesa de Google, responsable de las operaciones europeas del gigante estadounidense, no es imponible en Francia.
«La sociedad irlandesa Google Ireland Limited (GIL) no es imponible en Francia por el periodo 2005 a 2010», resumió el tribunal.
El fisco francés reclamaba en un primer momento 1.600 millones de euros de impuestos, pero el grupo estadounidense recurrió a la justicia, estimando que no está obligado a declarar sus beneficios en Francia ya que vende publicidad en el mercado francés a través de su filial irlandesa Google Ireland Limited (GIL).
El 14 de junio, un relator público le dio razón a la empresa, estimando que «Google France no se benefició de la presencia de una sociedad estable en Francia, tanto desde el punto de vista de las retenciones, como del impuesto a las empresas o el IVA».
La noción de «establecimiento estable», que debe determinarse para que una empresa sea imponible en Francia, está en el centro del contencioso: Google sostiene que los anunciantes firman contratos con su filial irlandesa, aunque los clientes están en relación con los empleados de Google France.
La administración fiscal estima, en cambio, que los empleados franceses cumplen un rol determinante en la venta de espacios publicitarios del célebre motor de búsquedas o de YouTube, aunque los contratos se establecen formalmente con la filial irlandesa GIL.
Irlanda, base europea para las operaciones de Google y varias multinacionales más, atrae a las empresas por su baja tasa de imposición.
Las empresas, en un afán de optimización fiscal, establecen sus sedes en los países más atractivos desde el punto de vista impositivo.
La práctica, legal, estalló en noviembre de 2014 con el caso LuxLeaks que reveló el sistema de evasión fiscal a gran escala en el que el Gran Ducado de Luxemburgo tuvo un papel fundamental. El sistema consiste en alcanzar acuerdos fiscales con un país antes de instalar las operaciones en su territorio.
La Comisión Europea lanzó investigaciones asimilando el caso a las ayudas estatales a las empresas, que distorsionan las reglas de competencia europeas y son, por lo tanto, ilegales.
En una de sus investigaciones, la Comisión le reclama a Apple que devuelva 13.000 millones de euros a Irlanda, en donde se benefició de ventajas fiscales.
Irlanda tiene un gravamen al impuesto sobre las empresas muy bajo, del 12,5%.
Fuente: El Telégrafo
