Katherine Haringhton, designada por el Tribunal Supremo de Justicia como posible sustituta de la fiscal general Luisa Ortega, intentó este jueves formar parte de una asamblea extraordinaria de fiscales iberoamericanos en Buenos Aires, donde se le negó el ingreso.
Acompañada de funcionarios de la embajada de Venezuela en Buenos Aires, Haringhton llegó al edificio donde se desarrollaba la reunión convocada de manera extraordinaria para abordar el caso de Ortega, disidente chavista al borde de la destitución.
«No se le permitió el ingreso porque el conjunto de los fiscales y procuradores entiende que la fiscal general venezolana es Luisa Ortega y en su lugar se permitió la participación de su representante, Patricia Parra», dijo a la AFP una fuente del Ministerio Público argentino.
La fiscalía venezolana sostiene que la aprobación del nombramiento de la vicefiscal es potestad exclusiva del poder Legislativo, así como la remoción de la fiscal. Pero el TSJ, acusado por sus detractores de servir al presidente Nicolás Maduro, declaró a la Asamblea Nacional en desacato desde que la oposición asumió su control en enero de 2016.
Por el momento se desconoce la agenda de Haringhton en Buenos Aires. Como vicefiscal comenzó a dar sus primeras órdenes el lunes pasado pese a que aún no ha podido asumir su despacho por oposición entre los mismos funcionarios del Ministerio Público venezolano.
A través de una llamada por teleconferencia, Ortega recordó que no pudo estar presente en la asamblea porque se le prohibió la salida del país y denunció también que congelaron sus cuentas bancarias.
«Hay una distorsión de nuestro sistema republicano establecido por nuestra Constitución. Tenemos que avanzar con la convicción y certeza de que es la Constitución la que marca nuestro proceder», enfatizó ante los máximos representantes de los ministerios públicos de 17 países.
Ortega, confesa chavista que rompió con el gobierno de Maduro hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional, está enfrentando un proceso por parte del Tribunal Supremo de Justicia de su país.
Los fiscales expresaron un contundente apoyo a Ortega, y la procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, en el ojo de la tormenta por cuestionamientos sobre su imparcialidad por parte del gobierno de Mauricio Macri, aclaró que el respaldo a su par venezolana lo motivaba la defensa de la independencia de ese poder.
«No nos corresponde opinar sobre la situación de otro país, salvo sobre la afectación de la independencia del Ministerio Público», dijo Gils Carbó.
Procedimientos adecuados
Recordó que en apego a la ley venezolana, una eventual remoción de la fiscal general corresponde a la Asamblea Nacional «y no por un fallo del Tribunal Superior de Justicia».
La asamblea iberoamericana repudió los actos de «hostigamiento», así como la «pretensión de remoción ilegal o arbitraria» en contra de Ortega en los últimos meses.
«Apoyamos a nuestros compañeros venezolanos, y sostenemos la necesidad de autonomía», dijo también por videoconferencia el fiscal general de España José Maza Martin, en un pronunciamiento similar al expresado por sus colegas de Chile, Ecuador y Bolivia.
Postura Fiscalía Ecuador
El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca Mancheno, resaltó dos consensos a los que se llegaron en la reunión. El primero, no hacer un pronunciamiento sobre la situación política y los hechos que ocurren en Venezuela, considerando el “respeto a la no injerencia y al principio de soberanía que cada uno de los Estados tiene”. El segundo, expresar su solidaridad y preocupación sobre la independencia del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, en Venezuela y el resto de países.
Baca Mancheno señaló que la posición de la Fiscalía General del Estado no es la del Gobierno o del Estado ecuatoriano. El fiscal expresó su preocupación y solidaridad al Ministerio Público de Venezuela, y reiteró la necesidad de que se respete de manera irrestricta y completa su autonomía, así como la independencia de todos los integrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
Sin pasaporte
Luisa Ortega denunció el miércoles que el gobierno venezolano le anuló el pasaporte a un funcionario que iba a representarla en el plenario.
En medio de una profunda crisis económica, social y política, Venezuela está sacudida desde el 1 de abril por manifestaciones casi diarias contra el gobierno que han dejado 95 muertos.
Fuente: EU
