La ministra de Salud, Verónica Espinosa, recordó en el memorando MSP-2017-0790-M, del 4 de agosto de 2017, que los establecimientos médicos tienen la obligación de atender, de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de los ya realizados.
Esto es para precautelar su derecho a la vida, sin que esto implique de manera alguna la legalización de los casos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Cartera de Estado, en su portal electrónico, informó que en Ecuador el aborto es permitido en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la paciente y si la gestación es consecuencia de la violación de una mujer con discapacidad mental.
Por otra parte -indicó- la atención de salud es un derecho para todos, infractores y no infractores y de ahí el recordatorio realizado en el memorando.
Espinosa mencionó que el documento estipula que en la atención de estos casos, como en otros, debe respetarse el secreto profesional, que es una obligación reconocida en la Constitución y el propio COIP.
En ese sentido, reza el texto, “restringir la atención médica pos-aborto, por el temor de las mujeres a las represalias o sanciones penales, puede causar que algunas de ellas tengan graves complicaciones o mueran, de acuerdo con criterios internacionales”.
A partir de la anterior fundamentación, la Ministra de Salud dispone a los profesionales del sector brindar la atención médica necesaria en los establecimientos a los casos de interrupción del embarazo y sus complicaciones, siempre en sujeción a la legislación vigente y, además, considerar los procedimientos establecidos en las guías de práctica clínica del MSP.
Según la entidad, el 15,6% de las muertes maternas en el país están relacionadas con interrupciones del embarazo realizadas en condiciones inseguras. A nivel mundial, según la ONU, se registraron 22 millones de abortos peligrosos, entre el 2010 y el 2014.
