La audiencia de juzgamiento en contra de los 20 tripulantes del buque pesquero chino, que violó la Reserva Marina de Galápagos, se realiza este viernes en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal.


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La audiencia de juzgamiento en contra de los 20 tripulantes del buque pesquero chino, que violó la Reserva Marina de Galápagos, se realiza este viernes en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal.

La captura de la embarcación china Fu Yuan Yu Leng 999 se produjo el pasado 13 de agosto.

En sus bodegas se encontró especies marinas vulnerables y protegidas como el tiburón martillo, que consta en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza (UICN).

La diligencia tiene previsto durar cuatro días. La razón: las múltiples declaraciones y la traducción de las mismas, informó uno de los abogados del Parque Nacional Galápagos (PNG).

Entre las solicitudes nacionales consta la reparación integral del daño que ocasionó el navío extranjero y la penalidad máxima que determina el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En los casos de delito ambiental, la norma dicta una sanción de hasta tres años de privación de libertad. Como parte del proceso judicial, el 14 de agosto se ejecutó la audiencia de flagrancia por el delito contra la flora y fauna silvestre establecido en el articulo 247 del COIP.

En esa instancia, la jueza Alexandra Arroyo dispuso tres medidas cautelares: prisión preventiva de toda la tripulación, incautación del navío y destrucción de lo incautado luego de que se realice el respectivo peritaje.

Walter Bustos, director del PNG, participó de la audiencia como acusador particular. Informó que a la fecha ya se han destruido cinco toneladas de la pesca incautada.

Esta cifra corresponde, principalmente, a tiburones. Según el funcionario, aún no se determina qué porcentaje de las 300 toneladas corresponde a especies protegidas o migratorias.

Después de tres horas de procesamiento, la audiencia se suspendió para volver a instalarse a las 16:00. En rueda de prensa, Lorena Tapia, presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, explicó los alcances de la Convemar. «Aún cuando los 300 barcos que han sido reportados por la Marina ecuatoriana se encuentren en altamar, el Ecuador, por la Convemar, puede demandar la aplicación de medidas que tiendan al cuidado y sostenibilidad de sus recursos».

Recordó que la Cancillería ha pedido a China una explicación formal de la presencia de su flota en territorio ecuatoriano protegido. Agregó que aún no se conoce la respuesta del país asiático.

Antes de que inicie la audiencia, pobladores de San Cristóbal caminaron por las principales calles de la urbe con carteles y consignas en contra de la pesca ilegal en las islas.

Wilson López, de 31 años, llegó a Galápagos por cuestiones laborales. El joven radica en las islas desde hace seis años. Él, junto con su esposa Gladys y su hijo Iván se unieron a la protesta. La familia elaboró figuras de tiburones, lobos marinos, mantarrayas y peces espada.

Lo hicieron con cartones reciclados. Para López, la pesca ilegal es el cáncer de los océanos. «La flora y la fauna que hay en esta región es patrimonio natural.

Es nuestra responsabilidad cuidar de ella», dijo. Después del recorrido, el grupo de manifestantes realizó un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial Multicompetente.

Los asistentes gritaron en contra de los marinos chinos. «Tiburones en el mar y no en una sopa». Marina Castro nació en Galápagos, su esposo Gustavo Tapia es pescador.

Ella indicó que a diario se ven embarcaciones extranjeras que navegan cerca a las islas. Su mayor preocupación es que su «tierra» se quede sin recursos.

 

Fuente: ElTelegrafo.com.ec

 








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