“Continúa la presión política…”, así inicia el comunicado enviado este viernes por el segundo mandatario, Jorge G., a la opinión pública tras conocer la solicitud entregada por la Contraloría de sancionarlo por supuestas irregularidades en el contrato de servicios para el bloque Singue (Amazonia).
En el texto, el exministro Coordinador de Sectores Estratégicos anunció que “presentaré, en las próximas horas, un recurso ante el propio contralor (Pablo Celi) y ante el Tribunal Contencioso Administrativo sobre la inconsulta resolución”.
Además calificó de “absurda e ilegal” la resolución en su contra tomada por parte del contralor general del Estado en la cual se establece una sanción administrativa con destitución, debido a supuestas irregularidades en la contratación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos del campo Singue, mientras fue ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y presidente del comité de licitación hidrocarburífera (COLH).
Y continuó. “Cabe recalcar que, en el supuesto no consentido, en que esta sanción con destitución surtiese efecto, esta operaría sobre el cargo de miembro del COLH, mas no sobre el de vicepresidente, cargo que desempeño desde el 2013 hasta la actualidad, por decisión soberana del pueblo ecuatoriano, pues la sanción recaería sobre mis funciones anteriores y no sobre las actuales”.
La decisión de la Contraloría se fundamenta en las conclusiones del informe DASE-0045-2017, emitido por esta entidad del Estado, en el que se hallaron varias revelaciones en el proceso contractual de prestación de servicios para la explotación petrolera del bloque, suscrito entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador, informó el diario público El Telégrafo.
“Ya no parece ser coincidencia que este nuevo ataque a mi persona, se da en el preciso momento en que un grupo de compañeras asambleístas presentaron una acción de protección en contra del Decreto Ejecutivo 176, que dispuso el encargo de la Vicepresidencia de la República a María Alejandra Vicuña, a pesar de que, constitucionalmente y administrativamente me encuentro en uso legítimo de mis vacaciones”, agregó Jorge G.
La Contraloría General del Estado notificó al vicepresidente Jorge G. sobre su destitución predeterminada mediante un documento enviado este viernes a la cárcel 4, en Quito, donde cumple prisión preventiva desde el 2 de octubre, tras ser vinculado en la investigación del caso de corrupción Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita.
El vicepresidente aseguró que “tampoco es coincidencia que como ha pasado durante todo este proceso, los medios de comunicación, a través de una acción concertada de linchamiento mediático, pretenden juzgarme en los titulares y no en los tribunales, presionando a la justicia, quien ha cedido de forma permanente a esta situación”.
Y denunció que “soy objeto de la más infundada, agresiva e ilegítima persecución política que se haya dado sobre un funcionario público en el país; con el agravante de que para este fin están siendo instrumentalizadas instituciones como la Contraloría, la Fiscalía, e incluso jueces de la Corte Nacional de Justicia, con el afán de desconocer la voluntad ciudadana y hacerse con la vicepresidencia de la república de forma ilegítima”, finalizó.
Redacción CiudadColorada.com |
