El Gobierno afgano ha ordenado esta semana a los proveedores de los servicios de Internet en el país que suspendan durante 20 días el acceso a las dos principales aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp y Telegram para que los insurgentes no puedan utilizarlas a la hora de coordinar atentados o ataques contra las fuerzas de seguridad.
La orden ha procedido directamente de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones para Afganistán (ATRA) a través de una carta con fecha del 1 de noviembre y precisa que, además de las restricciones al acceso, se procedería incluso — aunque todavía no está confirmado — a la suspensión de las cuentas de usuarios sospechosos.
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Periodistas y ONG han reaccionado con enfado a esta decisión y han pedido al Gobierno en su lugar que limite el uso de estas plataformas sin restringirlas por completo, según las reacciones más moderadas, dada la utilidad que representan para las víctimas de los atentados a la hora de ponerse en contacto con sus familiares, y viceversa.
Las más acérrimas acusan al Gobierno de «coartar la libertad de expresión en un gesto intolerable», según el director de Media Watch, Sediqulá Tawhidi a la cadena TOLO News. De hecho, algunos diputados se han mostrado en contra de esta medida, cque consideran ineficaz a largo plazo.
«La prohibición de las redes sociales no es una herramienta contra la inseguridad. El Gobierno debería encontrar una solución alternativa», ha lamentado el legislador Ramazan Juma Zada.
A pesar de la orden, los servicios han funcionado con cierta normalidad esta semana, tanto en las operadoras públicas, como Salaam, como en las privadas, aunque varios usuarios han detectado interrupciones en las utilidades.
Redacción CiudadColorada.com | La Razón
