La Ley de Reactivación Económica, que espera la sanción o aprobación del Ejecutivo, podría complicar el acceso a crédito a través de la banca privada, cooperativas e incluso el sector comercial para unas 400 000 personas.
Dos artículos del proyecto preocupan a actores de la banca y de las finanzas populares, quienes advierten que los cambios afectarán a los clientes de menores ingresos.
El primero es la disposición que establece que el sistema de registro de datos crediticios pasará a ser de exclusiva competencia de la Superintendencia de Bancos (SB).
Desde el 2002, el manejo del historial crediticio estuvo en manos de cuatro burós de carácter privado. En el 2012 la Asamblea eliminó la Ley de burós de crédito y estableció que el manejo de esta información era una competencia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap).
También se fijó que, mientras este ente estatal asumía las competencias, podían seguir operando los burós privados. Para entonces existían dos, pero solo uno continuó en el mercado: Equifax. Marco Rodríguez, vocero de esta firma, teme que, al igual que lo ocurrido con la Dinardap, la SB no pueda asumir las competencias y el mercado no cuente con la información histórica y completa de los clientes que buscan un préstamo.
Si bien la SB cuenta con información crediticia del sistema financiero, Rodríguez sostiene que solo el 36% de operaciones corresponde a este segmento. El resto de datos debe obtenerse del sector comercial, las cooperativas y otras entidades del sector financiero popular y solidario.
El buró maneja actualmente información de 732 fuentes, entre las que están empresas de telefonía, establecimientos de venta de electrodomésticos, de ropa y otros.
Para Javier Vaca, experto en Inclusión Financiera, el acceso a información crediticia y modelos que ayuden a tomar decisiones en la colocación adecuada de crédito es fundamental en las instituciones de microfinanzas. “El paso de la información a manos de una institución que, por no tener la experiencia suficiente, no garantizaría una respuesta óptima”.
Para Julio José Prado, directo de la Asociación de Bancos Privados, la Superintendencia de Bancos es un ente de control, pero con la disposición pasará a ser también un actor del mercado financiero; es decir, será juez y parte. “La Superintendencia no tiene nada que hacer con la información crediticia, eso lo debe manejar un actor privado”, indicó.
El segundo tema del proyecto de Ley que inquieta al sector es la disposición para eliminar la información de los créditos vencidos menores a 0,15 veces un salario básico (USD 56).
Inicialmente, el proyecto planteaba suprimir los datos de todo tipo de operaciones de hasta USD 56, pero la Asamblea cambió el texto y dispuso que la medida rija solo para créditos vencidos.
Según datos de Equifax, de las 12 millones de operaciones de créditos registradas hasta septiembre, 870 000 corresponden a créditos de menos de USD 56 y de esas 400 000 están vencidas.
Si se eliminan las deudas en mora, las casas comerciales, cooperativas y la banca dejarán de tener información completa del cliente, por lo que se dificultará el análisis de riesgo, advirtió Rodríguez.
Por tanto, se dejará sin acceso a crédito especialmente a las personas de bajos ingresos o quienes obtienen su primer préstamo para, por ejemplo, adquirir un computador, un televisor, ropa, etc.
El superintendente de Bancos, Christian Cruz, sostiene que la ley derogatoria de burós de crédito, aprobada en el 2012, está vigente. Aunque la Dinardap no haya asumido la competencia del servicio, actualmente el único buró de crédito que opera en el país no debe reportar saldos de deudas menores a USD 56.
“Por ley el buró no puede reportar saldos de deudas menores a 0,15 SBU. Hay que aclarar que no estamos hablando de la cuota de un crédito, sino del saldo de una deuda”, explicó. Añadió que con este artículo no se eliminará las deudas menores a ese monto, sino que estas no se reportarán cuando se solicite información crediticia de un cliente.
Cruz dijo que la ley busca que estos servicios dejen de ser “un monopolio privado”, y que, al pasar a manos públicas, “se podrá garantizar el derecho a que los ciudadanos accedan a esta información de manera gratuita”.
Según el Superintendente, la entidad cuenta con la capacidad técnica de ofrecer los mismos servicios que ahora ofrece Equifax y tendrá un plazo de 180 días para poder ofrecerlos.
“Lo único que va a cambiar es que ahora los ciudadanos van a poder acceder a su información sin un costo”, añadió al reconocer que tendrán que ampliar su capacidad operativa para asumir la nueva competencia.
El Ejecutivo tiene hasta fin de mes para pronunciarse sobre el proyecto. Los burós de crédito se crearon en el 2002 2002 Los burós se crearon en el 2002.
Al inicio se establecieron cuatro privados.
Reformas legales y cambios del mercados hicieron que quede solo uno.
2012 La Asamblea eliminó la Ley de burós y dispuso que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) asuma esa competencia, pero nunca lo hizo. Octubre 2017 El 31 de octubre el Ejecutivo envió un proyecto de Ley para traspasar las competencias de la Dinardap sobre datos crediticios a la Súper de Bancos.
Noviembre del 2017 La Asamblea aprobó el miércoles, 29 de noviembre, el proyecto de Ley remitido por el Ejecutivo. Ahora espera sanción del Presidente.
Redacción CiudadColorada.com | El Comercio
