Un mes después de declarar en la causa que se originó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner con prisión preventiva. La acusa de «traición a la patria» y «encubrimiento agravado» por el Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.
Como Cristina es senadora, el magistrado pidió su desafuero para poder detenerla. El caso pasa ahora a manos del Senado, donde de todos modos no estarían los votos para avanzar. Al menos hasta marzo.
La noticia se conoce cuando ya están detenidos otros acusados de la causa: el ex secretario Carlos Zannini, el ex piquetero Luis D’Elía y el dirigente de origen libanés «Yussuf Khalil. El ex líder de Quebracho Fernando Esteche se entregaría cerca del mediodía. Bonadio también procesó al ex canciller Héctor Timerman.
A pocos días de jurar como legisladora nacional, el juez la procesó acusada de montar un «plan criminal orquestado» junto al ex canciller Héctor Timerman, diseñado para «dotar de impunidad» a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA, pidió además su desafuero y detención.
La decisión consta en un dictamen de 365 páginas. Allí también se dispone el embargo de Cristina por 50 millones de pesos.
La ex presidenta sumó así su cuarto procesamiento en la justicia federal a horas de la detención de uno de los hombres más importantes del kirchnerismo: Carlos Zannini.
La ex presidenta y los ex funcionarios de su gobierno fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita el 7 de septiembre, de «encubrimiento agravado» por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y debido a que por su rol de funcionarios públicos, generaron «un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público».
El «plan criminal» según la Justicia, estuvo «destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní» imputados por el atentado a la sede local de la AMIA. Este «encubrimiento» les permitió «eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado».
Para la Justicia la principal responsabilidad del «accionar criminal denunciado» recae sobre Cristina Kirchner, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés, Larroque, entre otros.
Pero además, este «plan denunciado» contó con «canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales», como «vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado».
En esta instancia, se incluyó a «un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados», que desde la informalidad, «contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan»:
Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil. Todos ellos ya declararon.
En este contexto, el juez Bonadio los encontró responsables del delito de encubrimiento y los procesó. Representa para la ex Presidenta su cuarto procesamiento en la justicia federal, donde ya está procesada por asociación ilícita, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.
Redacción CiudadColorada.com | Clarin
