Las tres principales plataformas de propagación de falsedades, Twitter, Facebook y Google, anunciaron una serie de medidas contra las “Fake news”.
“Fake news”, “hechos alternativos” programados desde las profundidades de la cultura política del presidente norteamericano Donald Trump o “realidad alternativa”, la última versión de la manipulación de masa asumida por Margarita Simonián, la directora de Rusia Today y del portal que difunde a Sputnik, la mentira y la falacia se han vuelto un negocio y un terreno de confrontación de las potencias mundiales donde ha perdido no sólo la verdad sino, también, la transparencia democrática.
A partir del primero de enero Alemania empezó a aplicar la llamada ley «NetzDG» que sanciona con una multa de 50 millones de euros a las redes sociales que no supriman las informaciones “odiosas” o los “fake news”.
A Berlín le sigue ahora París con el anuncio hecho por el presidente francés, Emmanuel Macron, de aplicar próximamente una ley contra las noticias falsas y las plataformas que las expanden, y ello durante las campañas electorales.
La medida, controvertida en su mismo principio, suscitó una ola de reacciones críticas e impugnaciones desde todos los sectores políticos, principalmente aquellos, como la extrema derecha, que han elevado las “fake news” a la categoría de arma de disuasión masiva.
El jefe del Estado francés explicó que se trata de “proteger la democracia” de una ola de “propaganda modulada a través de miles de cuentas en las redes sociales que, en tan sólo un instante, propagan en todo en mundo, en todos los idiomas, cuentos inventados para ensuciar a un responsable político, a una figura pública o a un periodista”.
Emmanuel Macron tiene una cuenta pendiente con esas “fake news”. Durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de abril y mayo del año pasado, Macron fue una víctima directa de esa metodología e, incluso, llegó a denunciar en presidencia del presidente ruso Vladimir Putin a Rusia Today y Sputnik por actuar como “órganos de influencia y de propaganda”.
El mandatario adelantó algunos de los dispositivos de esta futura ley cuya meta es, según dijo, doble: “responsabilizar a las plataformas y los difusores en internet” y, en ese contexto, someterlos a obligaciones como, por ejemplo, imponerles una “transparencia más fuerte en torno a todos los contenidos auspiciados con el fin de hacer pública la identidad de esos anunciantes y de quienes los controlan y, a la vez, limitar los montos consagrados a esos contenidos”.
El texto en preparación permitiría que en cuanto una “plataforma difunde fake news, la persona concernida cuenta con la posibilidad de dirigirse a un juez para que sea retirada en un plazo de 24 a 48 horas después de publicada la información”.
Igualmente, se prevé una suerte de mecanismo para que las instancias de supervisión del campo audiovisual puedan intervenir ante los canales de televisión bajo control de Estados extranjeros e impedir que irrumpan como entes de desestabilización.
Aunque Emmanuel Macron no mencionó a ningún medio en particular, para muchos analistas e editorialistas resulta obvio que esta batería de medidas va dirigida muy especialmente a Rusia, cuyo canal Rusia Today ya empezó a emitir en Francia.
Sin embargo, el objetivo presidencial fue puesto en tela de juicio de forma severa en un editorial publicado por el vespertino Le Monde. “Qué lindo tema”, ironizó Le Monde.
El vespertino admite que “las fakes news se han convertido en una de las armas de guerra tecnológica de la información que ciertos regímenes autócratas llevan a cabo en las democracias occidentales, en cuyo primer puesto, sin nombrarla, Emmanuel Macron pone evidentemente a Rusia”.
No obstante, el diario advierte que “ese tipo de ambición legislativa, en un campo tan movedizo y complejo como las tecnologías digitales y en un tema tan crucial como la libertad de la prensa, es por naturaleza peligrosa”.
Muchos comentaristas señalan al respecto que ya existe una ley…de 1881 que permite “castigar” la “difusión, la reproducción de noticias falsas, de elementos fabricados, falsificados o falsamente atribuidos”.
Los abanderados de las falacias, los círculos de la extrema derecha francesa, salieron de inmediato al paso de la iniciativa presidencial. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, preguntó en un tweet si acaso “¿Francia sigue siendo una democracia cuando le pone un bozal a sus ciudadanos? Muy inquietante”.
La izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon se pronunció en el mismo sentido mientras que los expertos apuntan a los límites de una ley como la planteada por el presidente francés. Lo que está es juego consiste en saber si es el Estado quien decide lo que es falso y lo que no.
Es lícito admitir que la avalancha de mentiras, la inocencia de la opinión pública o, a menudo, sus opciones ideológicas, llevaron a que se despoje a la prensa de su misión y se la reemplace por un destructor sistema de falacias y cuentos imposibles de verificar.
Ello, sin embargo, no legitima al Estado como arbitro. La historia contemporánea prueba hasta qué punto los Estados democráticos desencadenaron desastres y guerras justificadas con mentiras. Dos siguen aún vigentes, o al menos sus consecuencias.
La prensa francesa recuerda que el ex secretario de Estado Norteamericano, Colin Powell, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “pruebas irrefutables” sobra las armas de destrucción masiva que detentaba el difunto presidente iraquí Saddam Hussein.
La segunda Guerra de Irak (2003) se justificó con ese argumento pero las armas jamás existieron y fueron llamadas luego “armas de desaparición masiva”.
El también ex Primer Ministro británico Tony Blair procedió de la misma manera en el Parlamento británico. Presentó “pruebas” llenas de falsas informaciones.
En la Argentina, la palabra oficial buscó empeñosamente empañar la verdad sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces ¿cómo puede un Estado pretender regular la verdad ? Glenn Greenwald, el periodista norteamericano fundador del portal The Intercept, quien publicara en el diario británico The Guardian (a partir de 2013) las revelaciones del ex agente de la CIA Edward Snowden sobre el espionaje planetario de la NSA, Agencia de Seguridad Americana, escribió: “fake news es una expresión retórica sin definición.
Se la pueda asimilar a una forma de propaganda. Trump se la apropió para atacar al periodismo.
Ahora, Macron la utiliza para conducir un control oficial de internet”. Las opiniones están, de hecho, divididas. Se admite que algo hay que hacer, pero de pronto no con el Estado como regulador central de lo que es verdad o no.
Las opiniones públicas están llamadas a desempeñar un papel preponderante. Ellas son las manipuladas, las destinatarias de las mentiras. Se le exige a la prensa rigor y verdad. Tal vez los lectores tengan también que modificar sus propios hábitos para sobrevivir en este pantano de manipulaciones
CiudadColorada.com | pagina12.com.ar
