La investigación reservada en contra del fiscal general Carlos Baca avanza. El viernes, 19 de enero del 2018, la fiscal subrogante Thania Moreno tomó la versión del activista político Fernando Villavicencio y recibió nuevos documentos de posibles irregularidades registradas en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
No solo se indaga los supuestos pagos especiales que esa entidad ha hecho a funcionarios, entre estos a Baca, sino también posibles seguimientos y vigilancias telefónicas. Precisamente, al actual Fiscal se lo investiga porque aparentemente recibió pagos de la Senain cuando dirigió la Comisión 30-S, pese a que su trabajo debía ser sin fines de lucro.
Eso al menos consta en un supuesto informe de la Contraloría que ahora tiene Moreno. Aunque el organismo de control ha dicho que ese informe no aparece en sus archivos, Pablo Celi, titular de esa institución, ya anunció que analizará integralmente los gastos reservados que la Senain hizo entre el 2012 y el 2017.
“He abierto una auditoría que abarcará cosas importantes: ¿Con qué procedimientos se catalogaron como gastos reservados (pagos de la Senain)? ¿con qué documentación se sustentaron esos procedimientos? ¿Qué resoluciones se adoptaron? ¿Estas resoluciones fueron informadas a los funcionarios?”, sostuvo Celi. En tanto, Baca ya delegó a sus abogados para que estén al tanto de la indagación de la fiscal Moreno.
Felipe Rodríguez es uno de ellos y el viernes dijo que el expediente debe cerrarse una vez que se compruebe que Baca no incurrió en peculado. “No hacemos una crítica a la fiscal Moreno. Si ella recibe una denuncia, tiene la obligación de abrir una investigación”, comentó el jurista.
Y aseguró que si no hay el informe de la Contraloría tendrá que cerrar el caso. Rodríguez indicó que no “culpa” a Villavicencio y Andrés Páez por incluir ese supuesto informe en la denuncia que presentaron contra Baca, sino al excontralor Carlos Pólit. “Habrá que preguntarle a Pólit de dónde sacó este documento, aunque (él) está bastante lejos (en Miami)”.
En ese documento también se menciona a los otros dos integrantes de la Comisión 30-S: Óscar Bonilla y Diego Guzmán. Este último ya se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter e indicó que esos “documentos son forjados, y algunos irresponsables intentaron manchar la honra del fiscal general y de los miembros de la Comisión”.
Redacción CiudadColorada.com | El Comercio
