La Asamblea Nacional con 97 votos derogó este viernes la Ley de Plusvalía, acogiendo el mandato constitucional de la pregunta 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero.
Pero no pudo aprobar, como estaba previsto, las reformas a la Ley de Participación Ciudadana para viabilizar la elección, vía voto directo y secreto, de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), contenido en el mandato de la pregunta 3 del referéndum.
No existe aún un texto de consenso respecto a la propuesta de que los candidatos sean electos a través de zonas electorales definidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lo que esperan, los asambleístas del PSC, AP, SUMA y CREO, es que se definan en qué distrito se incluirán los candidatos del exterior.
Daniel Mendoza, presidente de la comisión ocasional, reveló que la propuesta de las zonas y distritos es validada por la mayoría de las bancadas; la única que no respalda esa fórmula es CREO; pero que se ha pedido al CNE realizar una corrida estadística que determine cuántos ecuatorianos podrían calificar como candidatos, observando los requisitos que se establecen en el informe.
En los primeros 90 minutos de debates, los legisladores de AP, PSC, CREO, SUMA, ID, PK, PSP, FE e independientes apoyaron el proyecto de ley remitido por el presidente de la República, Lenín Moreno, que planteó la derogatoria de la Ley de Plusvalía; en tanto, que 18 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana optaron por la abstención. Estuvieron ausentes 22 asambleístas.
Los asambleístas correístas Juan Lloret y Lira Villalva defendieron la vigencia de la Ley de Plusvalía y señalaron que lo único que buscaba esa normativa era controlar la especulación de las tierras, y que no se privaticen las ganancias en pocas manos.
Ricardo Zambrano (AP) contestó a sus excoidearios y recordó que es el pueblo quien decidió por un cambio cimentado en un verdadero diálogo, que a unos disgusta, pero que la gran mayoría de ecuatorianos lo aprueba, como se evidenció en la consulta popular del 4 de febrero que decidió derogar la Ley de Plusvalía.
Dijo que se debe reconocer que los valores que este impuesto estableció para la compraventa de un inmueble dentro de un periodo corto como es un año, son muy altos. “Aquí no estamos engañando a nadie, el pueblo siente porque es parte de las transacciones de la compra y venta de un inmueble”, afirmó.
El socialcristiano Henry Cucalón precisó que esa ley, en la práctica, paralizó la construcción, afectó la iniciativa privada, el empleo y constituyó un zarpazo tributario contra el ligítimo derecho a progresar.
Tras esta aprobación el pleno aprobó una resolución que pide a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad a la norma de la Ley de Justicia Social, referente a los límites de las utilidades.
Redacción CiudadColorada.com | El Universo
