El fiscal provincial de Pichincha, Fabián Salazar, se refirió a la detención que realizó la semana pasado en el Municipio de Quito por una presunta red de corrupción. Explicó que se cobraba entre USD$2000 y USD$5000 por permiso, por lo que las víctimas tenían que empeñar bienes para poder pagar.
«Es un caso que ha estado en la fiscalía provincial desde hace 7 meses, fue denunciado por un miembro de un observatorio ciudadano.
Yo tomo la decisión, Inteligencia de la Policía nos hace un informe y manifiesta que pueden existir casos de corrupción en el Distrito Metropolitano de Quito, donde estarían involucrados funcionarios y ciudadanos, habría una red delictiva.
Delego a un fiscal, el doctor Eduardo Estrella, él realiza una investigación previa antes de presentar cargos».
Explicó que se denunciaba que existen actos de corrupción. “Por eso yo formulo varios tipos penales, por ejemplo se formuló asociación ilícita, concusión, tráfico de influencias y esperamos la información de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) porque eso puede dar paso también a lo que se formuló diferentes cargos enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias y esperan el análisis financiero. Estamos hablando de una red de corrupción, la gente está cansada de esto”.
Además, destacó que el país está cansado de los actos de corrupción. “Esto es una asociación ilícita porque se juntan más de dos personas para cometer un acto que infringe la ley. Es un abuso torpe, abusivo”.
Salazar comentó que en cada proceso penal hay víctimas. “En este caso son los conductores profesionales de Quito, de Pichincha, que para poder obtener algún permiso, alguna activación de sus rutas, tanto taxis como buses, tenían que cancelar dinero que les permita realizar algo que literalmente es gratuito. Es por eso las presiones, por eso veíamos tanto obstáculo”.
“Se dio un proceso de investigación con técnicas especiales, se desprenden actos indolentes que han sido confirmados dentro del proceso penal.
Hay un acto que se pacta la entrega de un dinero entre dos procesados, este dinero lo entregan, se ejecuta la acción y se monta un operativo policial y a la persona que se le entrega el dinero se le encuentra con USD$18 mil de adelanto que le daban.
Tenemos la evidencia donde después buscan la forma de forjar a través de la venta de un vehículo. Es un esquema demasiado al que hay que enfrentarse sin miedo”, acotó.
Resaltó que este es un delito atroz “porque se va no solo en contra de una sola persona, se va en contra de la ciudadanía, de quienes llevamos la confiabilidad a quienes nos representan, se va en contra de todo sistema de transparencia.
Es un esquema delincuencial que se ha venido manipulando desde hace varios años y lo peor es que las personas caen en este tipo de chantajes; denuncien, abran su verdad, es la única forma de poder parar a este tipo de situaciones”.
No detalló las cifras, pero expuso que se cobraba entre USD$2000 a USD$5000 por permiso. “Hagamos cuentas, una compañía de 80 socios tenía que pagar USD$2000, por 80 socios, más o menos en ese rango estamos analizando y lo peor de todo es que hay víctimas que tenían que vender cosas, sus autos, empeñar sus bienes.
La estupidez humana permite denigrar la dignidad del ser humano y eso no lo vamos a permitir”.
El fiscal manifestó que la investigación es amplia, por lo que no descarta investigar a los supuestos líderes de las víctimas. “El peor juez, más allá de un juez, es la conciencia y eso nunca deja en paz”.
Sobre la detención de los concejales, aseguró que existe una relación, sin embargo, no se refirió más porque se siguen las investigaciones. “Tenemos elementos necesarios que permitieron, en primera instancia, al fiscal inferior tomar esta decisión y lo hemos respaldado.
Se está enfrentando a una estructura, a veces tengo más preocupación con este tipo de delincuencia que con la de la calle”.
De igual manera, dijo que la investigación es para el Distrito Metropolitano de Quito, pero si es el caso, se extenderá. “La fiscalía emitió los elementos del caso para todos los detenidos, se consideró que no se justificó todos y la jueza emitió medidas sustitutivas.
Este fiscal está analizando la amplitud porque hablamos de una red. Es necesario desprendernos de una persecución penal porque la cárcel no es respuesta para nadie, tenemos que ponernos la mano en el corazón y buscar respuestas que dignifiquen”.
Finalmente, el fiscal Fabián Salazar expresó que tomarán la prudencia y objetividad necesaria para poder terminar la investigación.
Redacción CiudadColorada.com | Ecuadorinmediato
