El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, señaló que no reconoce al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), al que consideró “un órgano administrativo, transitorio, de origen gubernamental”.
Precisó que la entidad no tiene la capacidad de evaluar a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pues esa labor la cumple únicamente la Asamblea Nacional.
En rueda de prensa, Rivadeneira anunció que no reconoce a un órgano administrativo, transitorio, de origen gubernamental, que tenga la capacidad de evaluación a una INDH (Institución Nacional de Derechos Humanos), ya que la Asamblea Nacional es el juez natural de la Defensoría del Pueblo y, por tanto, el único órgano que, a través de un juicio político, puede evaluar mi accionar”.
Además, Rivadeneira informó que mediante oficio al CPCCS Transitorio, está a disposición para acudir ante el pleno de ese órgano para ampliar y detallar las razones que expone en su misiva.
Recordó que durante sus años de gestión, la Contraloría General del Estado ha realizado 21 auditorías o exámenes especiales, de las cuales 16 se encuentran concluidas sin ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa; 5 están en proceso, y 3 de ellas iniciaron a día seguido, la semana anterior.
“El Consejo Transitorio reportó que ha recibido 16 denuncias sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo; pero, quiero que caigan en cuenta que durante los años de mi gestión la Defensoría ha resuelto 100 mil causas y atendido 160 mil asesoramientos”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
Rivadeneira hizo referencia a la carta que envió la Alianza Global de INDHs al Estado ecuatoriano en la que le advierte del riesgo de que la Defensoría del Pueblo pierda su “status A” reconocido por Naciones Unidas, por vulnerarse su independencia y autonomía.
Señaló que de mantenerse esta situación, la revisión del status en el seno de la Alianza iniciaría en la reunión del organismo, planificada para mediados del mes de mayo.
Al concluir, el Defensor del Pueblo subrayó que en la Constitución ecuatoriana el Defensor del Pueblo es la única autoridad que tiene inmunidad, lo que significa que la Asamblea de Montecristi buscó mantener protegida a dicha autoridad para que pueda cumplir a cabalidad sus funciones.
“Por respeto a la ciudadanía y al pueblo al cual sirvo, en ejercicio de la transparencia de mi gestión, además de todos los informes y rendiciones de cuenta que anualmente fueron presentados a la Asamblea Nacional y al CPCCS Transitorio, respectivamente, en la página web institucional está colgado un informe actualizado y consolidado sobre mi gestión de todos estos años en tutela, protección y promoción de los derechos humanos’.
Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo, como INDH del Ecuador, es la única institución del aparataje estatal que tiene normativa nacional e internacional que le blinda de este tipo de evaluaciones.
Redacción CiudadColorada.com | Agencias
