El gobierno del presidente Donald Trump anunció el viernes que cancelará la protección migratoria temporal concedida a unos 57.000 hondureños que han vivido en Estados Unidos desde que un devastador huracán arrasó su país hace dos décadas.
La decisión del Departamento de Seguridad Nacional, la cual ya se preveía, le da a los hondureños amparados por el Estatus de Protección Temporal (conocido por sus siglas en inglés TPS) un año y medio para salir de Estados Unidos o tramitar su residencia legal.
Otras 428.000 personas de diversos países podrían enfrentar el mismo destino, ya que sus TPS también expiran este año y es previsible que no sean renovados.
La protección para los hondureños concluirá el 5 de enero de 2020, dijo Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional.
Trump que trata de contener la inmigración ilegal y ha estado aplicando medidas enérgicas en ese sentido y sus partidarios han hecho notar que las protecciones nunca fueron permanentes.
Los activistas pro inmigrantes lamentaron la medida y argumentaron que poner fin al TPS hará que la gente que lleva años o décadas echando raíces en Estados Unidos, e incluso tiene hijos nacidos en este país, viva en las sombras.
El TPS fue concedido a los hondureños que huyeron de la nación centroamericana por la devastación causada en 1998 por el huracán Mitch. El fenómeno dejó más de 18.000 muertos y destruyó 70% del territorio nacional.
El gobierno de Honduras lamentó la decisión de Washington. La cancillería emitió un comunicado en el que reconoció que “esta es una decisión soberana de Estados Unidos” pero “la lamentamos profundamente”.
Señaló además que los hondureños “son y serán siempre bienvenidos en su patria ” y que se les “facilitará su reinserción integral a nuestra sociedad”.
“Es una tragedia que crea incertidumbre para muchísimas familias”, aseguró Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central y exembajador de Honduras en Washington.
Indicó que “esos hondureños pasarán a la ilegalidad, no retornarán”, y que “el gobierno del presidente Donald Trump no tiene la capacidad de controlar a tantos inmigrantes”.
El gobierno estadounidense argumenta que las condiciones de vida en Honduras han mejorado, mientras que los activistas dicen que el país centroamericano no se ha recuperado completamente de los estragos del huracán y ahora padece una violencia rampante.
Trump, alegan sus críticos, está añadiendo decenas, si no es que cientos de miles a la cifra de personas que carecen de estatus legal en Estados Unidos.
Marta Connor, una organizadora sindical de 50 años en el sur de California que lleva décadas viviendo en Estados Unidos y tiene tres hijos nacidos en el país, dijo antes del anuncio que no se irá, sin importar cuáles sean las políticas del gobierno.
“Algo que puedo decir es que no me voy a ir a Honduras”, afirmó, e hizo notar que muchos de los migrantes que solicitan asilo y que viajaban en una caravana que recientemente llegó a la frontera con México provienen de Honduras. “Si ellos están viniendo para acá, ¿para qué voy a ir allá?”
“No regresaré por ningún motivo”, afirmó.
Unos 437.000 inmigrantes provenientes de 10 países han estado bajo el estatus de protección temporal, una categoría creada en 1990 para permitir que personas de países afectados por desastres naturales como terremotos, u otros de creación humana como la guerra, puedan tener un lugar seguro por un plazo breve. Sólo algunos miles aún tienen ese estatus.
En general, los que tienen el TPS han podido trabajar y, con permiso, viajar fuera de Estados Unidos y regresar.
Se añaden países a la lista según las circunstancias, y normalmente las renovaciones de los permisos se efectúan cada 18 meses.
Aunque algunos países han sido retirados de la lista, otros han permanecido en ella por periodos extendidos, lo que según los críticos convierte al programa en una amnistía por default.
Durante el gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado dicho estatus para Sudán, Nicaragua, Nepal, Haití y El Salvador, que tenía más personas con TPS que cualquier otro país.
Se les ha informado de los plazos que tienen para irse o para obtener el estatus legal de ser posible. Empezarán en noviembre con los ciudadanos de Sudán y durante el 2019 para otros países. Varios grupos interpusieron demandas para quedarse en Estados Unidos.
En tanto, Francisco Portillo, dirigente de organizaciones de hondureños en Florida, expresó a periodistas que “seguiremos trabajando en diferentes escenarios para legalizar en forma definitiva a los compatriotas”.
Informó que grupos de hondureños radicados en territorio estadounidense harán cabildeos intensos ante el Senado y el Congreso en Washington.
En Estados Unidos hay más de 1,1 millón de hondureños, de los cuales al menos el 10% envía más de 4.200 millones de dólares anuales en remesas a sus familias. Esta cifra representa casi la cuarta parte del producto interno bruto de Honduras, de 26.000 millones de dólares al año.
Daniel Sharp, director de asuntos legales en el Centro de Recursos para Centroamericanos en Los Ángeles, dijo no creer que la mayoría de los inmigrantes con TPS se vayan del país, ya que han echado raíces y tenido hijos en Estados Unidos, además de contar con empleo y vivienda.
“La gente no quiere volver a ser indocumentada, pero no creo que veamos a una tonelada de personas volver a sus países de origen”, afirmó.
El Salvador ha recibido la protección en dos ocasiones, la primera de ellas a principio de la década de 1990 hasta diciembre de 1994. Se cree que unas 150.000 personas estuvieron cubiertas por ella.
Redacción CiudadColorada.com | Agencia AP
