Tras los episodios de inseguridad registrados desde enero de este año en la frontera con Colombia, actores políticos en Ecuador sugieren la posibilidad de reactivar un convenio que permita la instalación de una base militar de Estados Unidos en territorio ecuatoriano, como una medida para enfrentar la situación derivada del accionar de grupos armados vinculados a actividades ilícitas transnacionales.
La explosión de un carro bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero; la muerte de siete personas en hechos violentos registrados en puntos focalizados de la zona limítrofe, y las amenazas de bombas registradas básicamente en Quito y Guayaquil, dispararon la alarma y el debate en la sociedad.
Políticos como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el exalcalde de Quito y excomandante de las FFAA, Paco Moncayo; el expresidente, coronel (r) Lucio Gutiérrez, entre otras figuras políticas han expresado en distintas participaciones en medios locales su complacencia en el sentido de que se instalen nuevamente tropas norteamericanas como ya sucedió entre 1999 y 2009 en la ciudad portuaria de Manta.
Pero también otros actores identificados con agrupaciones de derechos humanos y de organizaciones sociales han expresado su oposición a la instalación de una fuerza extranjera, al considerar una violación a la soberanía nacional.
Ante este escenario de debate que se ha trasladado a las redes sociales, con fervorosos defensores y detractores, el flamante ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, descartó en recientes declaraciones que se produzca la instalación de ninguna base militar extranjera en Ecuador porque así lo prohíbe la Constitución de la República aprobada en 2008.
“No hay ninguna base internacional que se vaya a instalar en el territorio nacional”, enfatizó el también excomandante del Ejército ecuatoriano y precisó que la responsabilidad de las fuerzas militares es velar por la protección de la soberanía relacionada “exclusivamente” al suelo patrio.
Este pronunciamiento coincide con la postura del presidente, Lenín Moreno, quien ya había anticipado en marzo pasado que no se instalaría una base militar en el país porque esto afecta la soberanía nacional.
De su parte, Thomas Shannon, secretario de Estado de Estados Unidos, en su visita que efectuó a Moreno en marzo pasado a Carondelet expresó que su país no está interesado en instalar sus tropas en un campamento ecuatoriano.
La Constitución ecuatoriana en su artículo 5 dice textualmente: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con fines militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Sin embargo, el burgomaestre guayaquileño cree que se puede reformar la Carta Magna para introducir una reforma que permita ceder territorio a fuerzas de otros países con fines de seguridad.
“Los hombres están para reformar la Constitución y las leyes. Las constituciones y las leyes no pueden reformar a los hombres y peor liquidar su progreso y su prosperidad”, dijo Nebot en una de sus cadenas radiales semanales en la que señaló además que estaba dispuesto a analizar con sus coidearios de la bancada socialcristiana en el Legislativo la posibilidad de impulsar desde el Parlamento una iniciativa en ese sentido.
Debido a la conflictividad en la zona de frontera, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos firmaron recientemente un convenio enfocado a la cooperación en materia de seguridad, que implica para intercambiar información, temas de inteligencia y experiencias para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y combatir la delincuencia organizada transnacional.
Sin embargo, grupos sociales han expresado también en las redes su inquietud por el acercamiento de ese país al gobierno de Ecuador en las actuales circunstancias.
¿Pero qué fue la Base de Manta y qué implicaciones tuvo en Ecuador?
La Base Militar de Manta, ubicada en esa ciudad de la provincia de Manabí, también denominada Base Militar Eloy Alfaro, fue inaugurada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 28 de octubre de 1978, en un área adjunta del aeropuerto internacional del mismo nombre, conocida también como el Ala de Combate número 23.
En 1999 en el gobierno de Jamil Mahuad y durante 10 años, a través de un convenio intergubernamental, tanto el uso como acceso a la pista y parte de la Base de Manta fue cedido a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el objetivo -se informó- de luchar contra el narcotráfico en la región.
Según analistas, Manta se constituyó en una pieza clave para la operación del Plan Colombia, un acuerdo suscrito entre Colombia y EEUU, presentado en 1998 por el presidente colombiano Andrés Pastrana como un programa de desarrollo económico sin drogas.
El convenio entre Ecuador y Estados Unidos, firmado por el entonces canciller Benjamín Ortiz, entró en vigencia el 12 de noviembre de 1999. Tras ser derrocado Mahuad en 2000 el presidente Gustavo Noboa (2000-2003) no solo que ratificó el convenio sino que amplió las facilidades a las tropas estadounidenses para acceder al Puerto Naval e instalaciones vecinas, sin costo alguno.
Además el convenio autorizó a las aeronaves operadas por Estados Unidos el poder sobrevolar el territorio.
Se admitió, además, el establecimiento de una estación satelital para la recepción y emisión de telecomunicaciones, libre de inspecciones, licencias, impuestos.
Pero uno de los aspectos que creó más polémica entonces fue la garantía de inmunidad al personal que operaba en el convenio y a sus familiares, que en el caso de que fueran detenidos por autoridades ecuatorianas, debían ser entregados inmediatamente a los oficiales estadounidenses.
Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador y comités ciudadanos de la ciudad de Manta de la época señalaron que supuestos casos de destrozos de embarcaciones de pescadores y abusos a ciudadanos, especialmente a mujeres, quedaron impunes por la inmunidad de la que gozaban los soldados estadounidenses.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, dijo a Andes que los efectos del plan militarista trajo, además, como resultado afectaciones ambientales y de salud a la población de la zona de la frontera con Colombia, donde las aspersiones con el agente químico glifosato causaron estragos.
El activista considera imprescindible en las actuales circunstancias actuar con prudencia privilegiando una política de paz, con fuerte contenido social e institucional pero con firmeza para contrarrestar el fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos que está enquistado en el país.
Por su parte, el comandante de Operaciones Navales, contralmirante Darwin Jarrín, consideró que se debe aprovechar cualquier tipo de ayuda en la lucha contra el flagelo del narcotráfico.
“Cualquier colaboración venga de donde venga más si es de un gobierno democrático, independientemente de ideologías políticas, es bienvenida para los propósitos de garantizar la paz para nuestros conciudadanos y mantener una situación de normalidad en la frontera”, señaló el oficial de la Armada consultado por esta agencia.
Para el jefe naval el tema no se debe solo limitar al aspecto de la soberanía, sino abordarlo por la seguridad colectiva.
Recordó que durante la época en la que estuvo activo el Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) de Manta, los militares ecuatorianos tuvieron la oportunidad de compartir conocimientos, tácticas y seguir de cerca las operaciones contra actividades delictivas como el tráfico de drogas, de personas, contrabando, entre otras que tenían como escenario las costas ecuatorianas. “Esto fue una cuestión que dio resultados en un tiempo específico”, remarcó Jarrín.
Un informe de la Comisión de Asuntos Internacionales del Ecuador indica que el FOL ejecutó más de 7.726 misiones desde 1999 hasta 2009, con un total de 1.758 toneladas de droga aprehendida en toda la costa del Pacífico, la cual engloba a alrededor de once países.
En el caso de Ecuador, el Ministerio del Interior durante el gobierno de Rafael Correa informó que las incautaciones de droga durante el período 2007-2016 llegaron a las 519 toneladas de droga, cantidad que supera a las 81 toneladas capturadas en 10 años de operación del FOL bajo el control de Estados Unidos.
Este trabajo post FOL, inclusive, fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Redacción CiudadColorada.com | Agencia Andes
