Un nuevo hecho se sumó ayer a la investigación por el secuestro de Fernando Balda. En la madrugada, la Interpol (Policía Internacional) capturó en Madrid, España, a Pablo Romero, exdirector de la Secretaría de Inteligencia.
La información fue confirmada por el ministro del Interior, Mauro Toscanini. Romero había sido vinculado a esta investigación el 31 de mayo, cuando hubo un pronunciamiento de la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional, Daniela Camacho.
Como se desconocía su ubicación, el fiscal general, Paúl Pérez, quien lleva el caso, solicitó a la magistrada ordenar la alerta de difusión roja para que Interpol lo localice y capture. Según el comandante general de la Policía, Nelson Villegas, esa alerta fue emitida el 7 de junio y se hizo efectiva en las últimas horas.
Toscanini informó que la detención se produjo en una residencia. Con esta aprehensión, Ecuador podrá iniciar los trámites para extraditarlo. Romero tenía residencia legal en España, pero ese no es un impedimento para el retorno al país, aclararon las autoridades.
Esta captura se produce a un día de que la Corte Nacional vincule a este proceso al expresidente Rafael Correa. La audiencia está convocada para las 14:00 de hoy. ¿Qué implica esta diligencia? Que el exmandatario quede formalmente incluido en el proceso como sospechoso de haber cometido este delito.
Luego, la Justicia hará una serie de diligencias que pueden terminar con un fallo a favor o en contra. El Código Penal (art. 593) señala que la vinculación de una persona a un expediente judicial se produce cuando se presume su autoría o participación en el delito.
De hecho, la Fiscalía sostiene que las versiones rendidas por exfuncionarios del Gobierno anterior proporcionan los “elementos suficientes” para relacionar a Correa con el caso. Pero en su versión del 24 de mayo dijo otra cosa.
Ese mismo artículo determina que en la audiencia de vinculación deberá estar presente la persona que va a ser procesada o su abogado. La jueza Daniela Camacho señaló en su providencia que en caso de que no se presente ningún abogado particular, se designará a Lolita Montoya como defensora pública.
En la diligencia de esta tarde, el fiscal Pérez podrá pedir a la jueza que adopte medidas cautelares en contra de Correa. El artículo 522 de la Ley penal señala como medidas cautelares la prisión preventiva, el uso de dispositivo electrónico, la presentación periódica ante una autoridad o la prohibición de salida del país.
Tras la vinculación, la defensa del expresidente Correa tiene la posibilidad de presentar pruebas a su favor. Una vez que Correa sea parte de este proceso, las indagaciones seguirán. De hecho, la fase de investigación pública o instrucción fiscal concluye en un mes, el 18 de julio.
Hasta ese día, el Fiscal debe tener la información que le permita mantener una acusación. Luego, la Jueza fijará una nueva audiencia denominada preparatoria de juicio. Allí, el fiscal anunciará si existen pruebas contra Correa (art. 603 del COIP). La Jueza determinará si el exmandatario es sobreseído o llamado a juicio.
Hasta aquí participará la jueza Camacho, pues para el juicio, la Corte designará un Tribunal Penal, conformado por tres magistrados. Los asambleístas de la Revolución ciudadana tienen previsto acudir a la Corte a las 12:30 para presenciar la audiencia.
Franklin Samaniego, legislador de esa bancada, indicó que esperan que al menos 1 000 personas lleguen para apoyar al expresidente. La Policía desplegará a 70 uniformados para mantener el orden en los exteriores.
Redacción CiudadColorada.com | El Comercio
