El gobierno de Daniel Ortega aceptó finalmente la llegada de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Unión Europea, para investigar los hechos violentos ocurridos en el país desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra el presidente que ya se han cobrado más de 170 vidas.
“Agradecemos la invitación”, escribió en su cuenta de Twitter Pablo Abráo, secretario ejecutivo de la Comisión. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, también confirmó que ya preparan la visita, y el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo que la Unión Europea estaba en la misma situación.
La invitación a los tres organismos internacionales fue acordada en la mesa de diálogo del pasado 16 de junio como vía para continuar las conversaciones en busca de una salida a la crisis, pero como el gobierno no había presentado pruebas de que había cumplido con su compromiso, se suspendió la sesión programada para el marte.
Ese mismo día se intensificó la represión gubernamental en la ciudad de Masaya (al sudeste de Managua), donde murieron tres personas y resultaron heridas alrededor de 40, y por la noche la norteña localidad de Estelí, donde se reportaron dos muertos más y unos 12 heridos, que según testimonios de quienes les socorrieron, no fueron atendidos en centros hospitalarios públicos por “órdenes superiores”.
El gobierno reiteró que no ha ordenado que se niegue atención a los heridos en las protestas pero la Asociación Médica Nicaragüense, que aglutina a más de 40 federaciones de doctores y especialistas, ya había denunciado que algunos centros hospitalarios no ofrecían ese servicio.
La noticia de que el gobierno aceptó la llegada de las organizaciones internacionales llegó cuando el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, se encuentra en Nicaragua para reunirse con el presidente Ortega, con representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y con miembros de la Iglesia Católica, que sirve de mediadora y testigo del diálogo.
