Alrededor de 160 000 empleados laboran de manera “ilegal” en el sector público, afirmó ayer (jueves 28 de junio del 2018) el consejero del Presidente de la República, Santiago Cuesta.
El funcionario señaló en una entrevista radial que esta situación se registra desde el Gobierno anterior.
De ese número, 75 000 personas están trabajando bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales y el resto labora con la figura de nombramiento provisional o contratado para proyectos específicos, pero el contrato nunca se dio por terminado, según datos de la Federación de Servidores Públicos.
Miguel García, presidente de ese gremio, explica que los contratos por servicios ocasionales no son usados de acuerdo con lo que establece la Ley.
Este tipo de instrumento no debe superar el 20% de la nómina total de trabajadores, pero en algunas entidades existe hasta el 80% de personal contratado bajo esta modalidad, según el dirigente sindical.
Otro problema es que el perfil del empleado no está acorde con las características del puesto que ocupa. Según García, algunas personas ganan sueldo de profesionales sin serlo. “Hubo contrataciones a dedo”, enfatizó.
Finalmente, hay entidades públicas que no cumplen con el plazo legal definido para el contrato ocasional. Esta modalidad tiene duración de 12 meses y puede ser renovada por un año más.
Sin embargo, cuando se cumplía este tiempo, los trabajadores no eran desvinculados sino que seguían en el cargo bajo contrato ocasional o con nombramiento provisional. Cuesta confirmó en Radio Democracia que hay servidores que están más de dos años incluso hasta seis bajo la figura de “ocasionales”.
Según el Consejero, el 80% de funcionarios en situación de contratación irregular es de los sectores de salud, educación y seguridad. Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura hay 11 000 personas contratadas por servicios.
El Gobierno anunció que buscará regularizar a estos 160 000 trabajadores. Para ello, Cuesta explicó que se llevará a cabo un proceso de concurso de méritos y oposición, de carácter abierto. De esta forma, se busca garantizar que las personas más idóneas y con mejor perfil ocupen los cargos.
El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, comentó que los ministerios ya cuentan con un cronograma para la ejecución de los procesos, que se prevé se inicie el próximo mes. “Tenemos 31 000 concursos ya programados”.
Sin embargo, entre los funcionarios hay incertidumbre por la regularización del resto de personal, que debe concretarse hasta fin de año.
Carolina, quien no quiso dar su apellido, trabaja como auditora en una entidad pública desde hace cinco años. Tras renovarle su contrato ocasional por tres ocasiones, su jefe decidió darle el nombramiento provisional el año pasado.
Esta funcionaria pública está a la expectativa del concurso para tener estabilidad, pero le preocupa que la institución donde labora no haya realizado aún la convocatoria.
En igual situación se encuentra Jesús, quien es médico de un hospital público. El galeno trabaja en la casa de salud con nombramiento provisional por más de cinco años.
El principal problema de trabajar en la inestabilidad es “no poder hacer planes a futuro”, dice con pesar. Contraer deudas para aumentar su patrimonio es complejo porque no tiene una garantía de su permanencia en el cargo. Por dos ocasiones participó de concursos, que luego fueron suspendidos. No sabe si este año tendrá esa oportunidad.
Para aquellos contratos que terminen en diciembre, Ledesma recalcó que se podrá usar la figura de nombramiento provisional, en el caso de que se requiera renovar la contratación. Y advirtió que si los ministerios no convocan a un concurso y dan por terminado el contrato “deberán justificar el tema a la Contraloría”.
Cuesta señaló que durante el mandato de Correa se registró un aumento salarial “desmedido” en el sector público.
El pago de salarios pasó de USD 2 700 millones a casi USD 10 000 millones en la última década. El Gobierno anterior ha defendido que ese incremento se debe a la incorporación de los tercerizados en la contabilidad pública y a un aumento en la contratación de médicos, policías y maestros.
Para limitar el uso regular de los contratos ocasionales, el Ministerio de Trabajo emitió esta semana una circular en la que se establece que las nuevas contrataciones de personal por servicios ocasionales en el sector público estarán prohibidas a partir del 1 de julio de este año y durante todo el 2019.
Ledesma indicó que el documento ratifica el Decreto sobre Austeridad, emitido en septiembre, para evitar el aumento del tamaño del Estado.
Redacción CiudadColorada.com | El Comercio
