La Fiscalía General del Estado informó este viernes, 29 de junio del 2018, que se dictó prisión preventiva para un Concejal de Quito y su esposa por el presunto delito de lavado de activos.
En la audiencia de formulación de cargos, realizada hasta la madrugada de hoy en la Unidad de Flagrancias, también se estableció la prohibición de enajenar cinco inmuebles y un terreno; así como el bloqueo de sus cuentas bancarias con USD 1.5 millones. Además, sus tres hijos tienen prohibido salir del país.
El concejal Eddy Sánchez fue detenido junto a su esposa y hijos la madrugada de este jueves, 28 de junio del 2018, en Quito, por el presunto delitos de lavado de activos que investiga la Fiscalía desde hace tres meses.
ATENCIÓN l Se dictó prisión preventiva para el concejal Eddy S. y su esposa por el presunto delito de lavado de activos. Además, la prohibición de enajenar 5 inmuebles y un terreno; bloqueo de cuentas bancarias con USD 1.5 millones. Sus hijos tienen prohibido salir del país. pic.twitter.com/zpgee93nY8
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 29 de junio de 2018
La detención del Concejal y sus familiares ocurrió en el operativo denominado Impacto 244, que tuvo la participación de los investigadores de la Fiscalía y de la Unidad Antilavado de Activos de la Policía Nacional.
El fiscal Fabián Salazar informó que esta investigación duró unos tres meses, luego de recibir información de la Unidad de Lavado de Activos. “Este es un informe en el cual se detallan varias personas que estuvieran cometiendo un acto delictivo y se actuó en coordinación con 12 fiscales”.
Además, se allanaron 10 inmuebles, entre departamentos, viviendas y negocios. Tres vehículos de alta gama fueron incautados junto con joyas, equipos informáticos y teléfonos celulares, según el general Carlos Alulema, director nacional Antinarcóticos.
Salazar apuntó que la investigación por presunto lavado es independiente de la que se abrió por supuesta asociación ilícita en contra del Concejal quiteño. Por esta última, el concejal recibió medidas cautelares y porta un grillete electrónico en una de sus piernas desde abril pasado.
“Es nueva. Todo lo que es lavado de activos son investigaciones separadas, autónomas”, precisó el fiscal. “No hay ningún caso derivado. Proviene de un análisis financiero de la Unidad de Lavado de Activos con dineros injustificados. Es decir, es una investigación de carácter técnico”.
En ese sentido, añadió que hubo un reporte de operaciones inusuales injustificadas en las que aparentemente se comprobó adquisición de bienes y tenencia de dinero. De otro lado, en un informe levantado por la Policía se estableció que hubo un monto de activos identificado en bienes por USD 1 millón. También movimientos financieros inusuales por USD 565 000.
Salazar acotó que a los investigados “se les cogió fugando, es decir, que la información se filtró. Estoy verificando, al parecer, se fugó de la misma Fiscalía y tomaré las medidas necesarias”.
Según el fiscal, “se les encontró huyendo con maletas y todo”. Agregó que uno de los familiares del concejal tiene procesos abiertos por usura y asociación ilícita.
Esteban Ballesteros, Pablo Encalada y Roberto Guevara son los abogados del Concejal y cuestionaron que Fabián Salazar haya dirigido la indagación porque no es fiscal de Pichincha. Esto, luego de que el Consejo de la Judicatura publicara la lista de nuevos fiscales temporales el pasado 22 de junio.
Ante eso, Salazar respondió: “Yo soy el fiscal de Pichincha (…) y quien debe dar respuesta. Actuaré hasta cuando sea debidamente notificado”.
Sobre la investigación por presunto lavado, Encalada acotó: “vamos a demostrar su inocencia. Lo que hace es un show mediático para ponerse en la escena política y tratar de mantenerse en el cargo”.
Para Encalada, la investigación comenzó en enero de este año y es distinta a la otra de presunta asociación ilícita. Enfatizó que tras conocer sobre el desarrollo de las pesquisas, los investigados comparecieron dentro de la causa y se presentaron los elementos de descargo de los familiares de Eddy S.
Al ser un funcionario público -aseguró el abogado-, el concejal fue objeto de dos exámenes especiales de la Contraloría a sus declaraciones patrimoniales juramentadas, las cuales se hicieron extensivas a sus parientes como señala la ley. “Se ha establecido la razonabilidad de sus ingresos, gastos y bienes adquiridos que, para sorpresa nuestra, son los mismos elementos con los que se da inicio a la detención”.
Ballesteros dijo que es socio minoritario de una cadena de restaurantes y “hacen aparecer como que las ventas diarias son parte de los movimientos financieros de la familia”.
La audiencia de formulación de cargos para el Concejal y sus familiares se instaló a las 18:00 de este jueves 28 de junio, en la Unidad de Flagrancias, centro norte de Quito. Duró más de siete horas.
Redacción CiudadColorada.com | El Comercio
