Nueva ley económica en Ecuador, en la práctica una bomba de tiempo

Ya nadie duda que el Gobierno de Lenín Moreno abandonó una agenda de izquierda y, rápidamente, tejió una telaraña de pactos para repartir el poder con las antípodas del correísmo: la prensa mercantil, las cámaras, la banca, la derecha política (alcalde de Guayaquil) y todo aquel pasado que Correa defenestró en diez años.

El actual presidente se quedó con el partido (Alianza País) y lo ha vaciado de contenido ideológico-programático. La velocidad de los cambios ha dejado perplejidad en Ecuador y América Latina, sin capacidad de respuesta de las fuerzas sociales.

En tan solo un año el camaleónico Gobierno de Moreno consolida su transformación con una nueva ley económica urgente, que fue aprobada el pasado 22 de junio por la Asamblea.

El Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal se aprobó con una mayoría compuesta por los votos de la derecha y del bloque de gobierno afín a la política de pactos de Moreno.

La ley aprobada revive el espíritu de aquellos poderes oligárquicos que hicieron del rentismo importador su forma de acumular riqueza. También devela el profundo desconocimiento de Moreno y de su ministro de Economía, Richard Martínez, sobre cómo funciona una economía pequeña, abierta y sin soberanía monetaria.

La normativa no hace más que empujar peligrosamente a la economía hacia una crisis de demanda agregada, una fuga masiva de capitales y la expulsión de la dolarización.

La “nueva ley económica urgente”

El objetivo de la Ley versa sobre el “equilibrio fiscal” y el estímulo a la inversión y al empleo.

Con estos eufemismos, Moreno termina de instaurar un régimen neoliberal través de cuatro fases:

(1) liberar el comercio para alimentar la tasa de ganancia de los importadores y las transnacionales;

(2) la exoneración de impuestos y la instauración de escudos fiscales que faciliten la acumulación de riqueza de la forma tradicional -y sobre los mismo grupos económicos-;

(3) una vez la ganancia se efectiviza, la ley elimina las barreras para que los capitales fácilmente se fuguen a paraísos fiscales;

(4) finalmente, instaura por ley una agresiva austeridad para suprimir al Estado como un actor del desarrollo, de tal forma que éste no interrumpa el proceso de acumulación histórico.

La tabla 1 detalla los principales cambios normativos de acuerdo a estas 4 fases de restauración neoliberal:

Tabla 1. Reformas más importante de la Ley económica en Ecuador

Fase 1: libertad de comercio y precautelar el capital transnacional

Dentro de la motivación de la Ley está el fortalecer el régimen monetario. No obstante, no existe una sola reforma que vaya en esa dirección.

La normativa no hace nada para contener el creciente nivel de importación, que es el riesgo más importante en el corto plazo para la reserva monetaria. La omisión de cualquier tipo de regulación responde, claramente, a un pacto con el sector importador.

En segundo lugar, la ley establece la legalidad de los Tratados Bilaterales de Inversión como “medio indispensable para el fomento de la inversión extranjera directa”, a pesar de que en el Gobierno de Correa se demostró su completa inefectividad, el alto costo para el Estado y fueron denunciados por su inconstitucionalidad.

Es decir, en el fondo, el Gobierno busca atraer inversiones del exterior para suplir la fuga de divisas que provocan las importaciones, sin advertir que las primeras -en el caso poco probable que se concreten- son de largo plazo, mientras que la pérdida de reservas por la importación es inmediata.

El descalce de ambos flujos (entrada de inversión y salida de divisas por importación) aumenta la probabilidad que la economía entre en una condición de iliquidez que le impida hacer los pagos al exterior por la falta de reservas internacionales.

¿Cuánto tiempo podrán los importadores financiar sus importaciones con los dólares que acumulan en el exterior? Las autoridades del Gobierno no solo han suplantado el programa económico que ganó en las urnas, sino que demuestran un profundo desconocimiento de los equilibrios macroeconómicos.

Fase 2:  eliminación y perdón de impuestos a los ricos e instauración de escudos fiscales

Como era de esperar, Moreno cedió a la presión de los grupos económicos que durante el correísmo se sintieron impotentes ante una política tributaria independiente y equitativa. Estaban ansiosos, porque con la eliminación de escudos fiscales habían perdido el poder sobre los mecanismos de evasión y elusión. A su vez, no toleraban haber tenido que pagar cada vez más impuestos, producto de la política de progresividad impositiva establecida por Correa.

La nueva Ley echa por la borda 10 años de avances y restablece el marco anterior: elimina y rebaja impuestos a los más ricos, socava los impuestos directos y estimula la especulación del suelo mediante los velos societarios o guaridas fiscales internas -como son los fideicomisos y fondos de inversión, conocidas figuras en Ecuador para ocultar la riqueza, evitar el impuesto a la herencia y facilitar el lavado de activos-.

Moreno, consistente con su antigua actividad de lobby, ha privilegiado al sector inmobiliario y turístico por sobre otros sectores que generan empleo, pero de ningún modo disputan la actual matriz productiva. También deja en evidencia un profundo desconocimiento de la historia y de la necesidad de precautelar la demanda agregada.

En cuanto a la historia, repite recetas fallidas por los últimos 100 años en Ecuador (la primera ley de incentivos data de 1921), y lo único que consigue es desfinanciar la caja fiscal y debilitar, así, la demanda agregada. Un debilitamiento de la demanda agregada repercutirá en más déficit fiscal. Es decir, la Ley ni siquiera garantiza el objetivo de equilibrio fiscal.

Fase 3: quitar las barreras para que los capitales fuguen a guaridas fiscales en el exterior.

Con esta reforma económica, el presidente revive fielmente la cultura del gran empresariado ecuatoriano: importar barato, ganar mucho y fugar la riqueza al exterior. La reducción y la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas va a precipitar la pérdida de reservas internacionales. Ello, sumado a una liberalización de las importaciones, coloca a la economía ecuatoriana al filo de la desdolarización. Las ansias de las élites importadoras por volver a recuperar su tasa de ganancia, más el profundo desconocimiento del presidente, imponen un grave riesgo sistémico al régimen monetario.

El auspicio de los paraísos fiscales contradice 10 años de lucha contra la planificación fiscal y atenta contra la consulta popular de febrero de 2017. Lo único que conseguirá es que regresen las viejas prácticas de opacidad del capital. Eliminar los controles a paraísos fiscales, incluso, va a contravía de la lucha contra la corrupción, que tanto viene defendiendo el Gobierno de Moreno.

Esta nueva postura hace presumir que, en el corto plazo, el Gobierno -mediante ciertos mecanismos administrativos- relajará la definición de paraísos fiscales y eliminará el ISD por medio de la reducción de su tarifa gracias a la nueva potestad que le entrega la Ley de rebajar la alícuota a discreción.

Fase 4: minimización agresiva del Estado por ley.

Ecuador se suma a la tendencia de la nueva etapa neoliberal en América Latina, que se caracteriza por la rápida desarticulación del Estado. Las tendencias recientes de Brasil y Argentina han demostrado que la austeridad puede llegar de forma violenta.

En el caso de Ecuador sorprende, pues se instaura la austeridad de forma mandataria por dos mecanismos: (1) la Ley prohíbe que se pueda aprobar el presupuesto nacional con déficit primario y, en caso que se supere el techo de la deuda, obliga a reducir el gasto primario hasta que se recupere el equilibrio de deuda y; (2) prohíbe al Banco Central comprar títulos del Gobierno lo que, además de ser torpe, está obligando a que el país salga a buscar financiamiento en el exterior. Esta ley pone las condiciones para el regreso del FMI y sus fracasadas políticas.

También elimina la posibilidad de que el Banco Central pueda hacer operaciones de redescuento, anulando de forma completa cualquier política monetaria que ayude a estabilizar al sistema financiero.

Aparte de la austeridad en el presupuesto, obliga a que la banca pública diversifique su portafolio e invierta en títulos privados, consolidando así la transferencia de recursos de lo público a lo privado, y abonando el terreno para la desaparición de la banca pública.

En definitiva, con la ley aprobada hace dos días, Moreno consolida la minimización del Estado al estilo de los años ‘80 y ‘90, y pone al país de rodillas ante los grupos económicos locales, los organismos internacionales y el capital transnacional.

A modo de cierre

Toda la reforma económica se sustenta en 3 falacias teóricas: La Austeridad Expansiva, la teoría de los déficits gemelos y la Curva de Laffer. En otras palabras, asume que liberar la ganancia de los importadores genera las condiciones necesarias para que la inversión se restablezca; que reducir el Estado al mínimo será beneficioso -pues la inversión privada sustituirá el papel del Estado y, por ende, reducirá la presión sobre las importaciones-; y que la reducción de impuestos y de barreras al capital producirá que los empresarios inviertan más.

Lo anterior se sustenta en un marco teórico neoliberal que la historia ha demostrado no cumplirse en América Latina y que causó la profunda crisis social de los años ‘80 y ’90, en Ecuador y en la región. No obstante, la teoría económica deja por fuera el equilibrio de fuerzas de los grupos económicos.

La reforma de Moreno, además de ser neoliberal en estricto sentido, esconde un pacto con las élites y las oligarquías locales que busca la restauración del viejo orden de acumulación: rentismo importador, evasión-elusión tributaria y la posterior acumulación de la riqueza en el exterior. El resultado es un inevitable ajuste social.