El Gobierno de EE UU ha informado este jueves de que ha reunido con sus padres a 57 menores de cinco años separados de sus familias cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera con México. Las familias habían sido divididas por la frustrada política de tolerancia cero lanzada por Donald Trump.
Del total de 103 niños de esas edades alejados de sus padres 46 siguen en esa situación, pese a que un juez federal había ordenado que todos debían haber sido reagrupados el martes.
En un comunicado el gobierno aseguró que los departamentos de Salud, Interior y Justicia han trabajado «sin descanso» para garantizar reunificaciones seguras. «Nuestra meta ha sido el bienestar de los niños y devolverlos a un entorno seguro».
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés) respondió que la administración Trump se podría haber ahorrado todos los problemas si no hubiera dividido a las familias.
ACLU presentó la demanda contra la separación de padres e hijos que condujo a la orden del juez Dana Sabraw, de San Diego, que estableció el 10 de julio como fecha límite –incumplida– para juntar a los menores de cinco años y el 26 de julio para el resto de menores afectados, alrededor de 3.000.
El gobierno reconoció ayer que tiene por delante «un tremendo volumen de trabajo» para reunirlos a todos.
Las separaciones de padres e hijos inmigrantes tuvieron lugar entre mayo y junio bajo la llamada política de tolerancia cero. Esta supuso procesar penalmente a los adultos por tratar de cruzar la frontera sin papeles y conllevó que a aquellos que venían con hijos se les retirase su custodia, dado que los menores de edad no pueden ser internados en reclusorios.
La estrategia de fondo era mandar un mensaje de dureza que disuadiese de inmigrar sin papeles a EE UU.
El resultado fue un aluvión nacional y global de críticas a Washington por tratar sin escrúpulos a los menores de edad. Trump dio marcha atrás y mandó que cesasen las separaciones.
Sorprendida por la abrupta puesta en marcha de la política de tolerancia cero, la burocracia federal dividió a las familias sin un plan para poder reagruparlas y cuando recibió la orden judicial de juntarlas se creó un caos organizativo que durará al menos hasta finales de mes.
Padres e hijos fueron separados por cientos o miles de kilómetros y al dividirlos no se hizo un registro de sus vínculos parentales. Ahora se está realizando sobre la marcha. En algunos casos se ha recurrido a pruebas de ADN.
Del grupo de 103 menores de cinco años, el gobierno ha determinado que 22 no pueden ser devueltos a sus padres porque estos tienen antecedentes criminales graves o por otros motivos. 24 más no han podido ser reagrupados porque sus padres ya han sido deportados o han sido procesados por delitos.
En el caso de las familias que sí están siendo reunidas, el gobierno ha avanzado que la mayoría quedará en libertad y que los padres tendrán que llevar un localizador electrónico en el tobillo.
Redacción CiudadColorada.com | El País
