El 24 de mayo de 2017 Lenín Moreno se posesionaba como nuevo presidente del Ecuador, con la promesa de continuar las transformaciones iniciadas a lo largo de la década de gobierno de Rafael Correa, de quien Moreno fue vicepresidente en su período inicial. Sin embargo, con el pasar del tiempo las diferencias entre ambos se profundizaron hasta volverse insalvables.
De haberlo catalogado como “el mejor presidente de la historia”, Moreno pasó a llamar a Correa “matón de barrio” y a posicionar un discurso, hoy hegemónico en los medios, sobre la necesidad de “descorreizar” el país.
No obstante, esto ha trascendido de un mero enfrentamiento entre dos facciones políticas y ha empezado a incidir de manera directa en la situación social y económica del país.
Y es que la retórica de “descorreizar” ha servido de paraguas para un conjunto de acciones pensadas para desplazar las ideas progresistas —relacionadas con el Gobierno de la década pasada y con las que llegó Moreno al poder— y sustituirlas por una agenda de corte neoliberal, completamente opuesta a la propuesta ganadora en las urnas.
Para tal fin Moreno ha tomado como excusa los supuestos errores del Gobierno anterior que, si bien existieron en algunos casos.
La gran mayoría han sido creaciones e imposiciones mediáticas, como la afirmación del presidente Moreno de que “la mesa no está servida” referente al supuesto estado precario en que recibió la economía y que le ha costado el cargo ya a dos ministros de la rama (ministros que, en honor a la verdad, han desmentido al primer mandatario al respecto y se han opuesto a la adopción de medidas contrarias a las propuestas en campaña).
Y bajo ese discurso de “descorreizar” —que más bien parece una revancha de las élites que fueron desplazadas del poder por más de diez años— se han tomado decisiones cuestionables en materia de económica, en la conformación del gabinete, en las posturas adoptadas ante la coyuntura y demás, que más allá de afectar a algunos funcionarios del anterior Gobierno, han empezado a hacer sentir ya sus efectos en la economía nacional.
Días atrás, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó las cifras de empleo, pobreza y desigualdad del primer semestre de 2018 y los resultados no fueron nada halagadores con el primer año de gestión de Moreno.
La pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad —que en la última década habían caído notoriamente— han crecido entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2018, mientras que el empleo ha dado señas de deterioro[i]. Tal información ha sido matizada, indicando que las variaciones en las cifras de pobreza y desigualdad no son estadísticamente significativas… aunque le costaron ya su cargo al ahora ex-director del INEC.
Sin embargo, lejos de tranquilizarnos, estas fluctuaciones deberían preocuparnos, pues el hecho de que la pobreza no haya disminuido (más bien parecieran tender hacia el crecimiento) habiendo un contexto mucho más favorable al de los últimos años del Gobierno anterior, demuestra ineficiencia de las políticas aplicadas para tal efecto, o desinterés en el tema.
Y es que, si era comprensible que la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y eventos como el fenómeno del niño y el terremoto de abril de 2016, afectaran la reducción de pobreza entre 2015 y 2016.
Con la superación de estos inconvenientes, la recuperación económica de 2017 y la mejora sustancial de los precios del petróleo, se esperarían resultados favorables en reducción de pobreza y desigualdad, y no las ambiguas cifras actuales en ya más de un año de gestión de Moreno.
Tal como se aprecia en la figura 1, la pobreza (por ingresos) pasó de afectar al 23,1% de la población en el primer semestre de 2017 al 24,5% en el primer trimestre de 2018, y la pobreza extrema pasó del 8,4% al 9% en el mismo período. Mientras que la desigualdad de ingreso, medida por el coeficiente de Gini, situada en 0,46 en el primer semestre de 2017, ha incrementado a 0,47 en el mismo período de 2018.
Fig. 1. Pobreza y extrema pobreza en Ecuador (medida por ingresos).
Fuente: INEC (2018).
Pese a no ser un incremento estadísticamente significativo, sobre todo en lo referente a los datos de pobreza, este sí es elevado (mucho mayor que cualquier otro en los últimos diez años) y preocupante si se considera que la economía viene creciendo desde el último trimestre de 2016 y esto no se ha traducido en una mejoría para las grandes mayorías.
El deterioro en el empleo ha sido aún más notorio[ii]. El empleo bruto (el porcentaje de la población en edad de trabajar que se encuentra ocupada) cayó de 65,6% en el primer semestre de 2017 al 63,5% en el mismo período de 2018. Dicha caída de 2 puntos porcentuales es estadísticamente significativa.
Por otro lado, si bien se observa una disminución (no significativa) de 0,4 puntos porcentuales en el desempleo y de 1,1 puntos porcentuales en el subempleo, sí hay un crecimiento significativo en el empleo no pleno, que pasó del 24,3% en el primer semestre de 2017 al 26,5% en el primer semestre de 2018, además de una reducción (no significativa) del empleo adecuado de 1,2 puntos porcentuales.
Fig. 2. Evolución del empleo
Fuente: INEC (2018).
Pese a estos magros resultados, lo más preocupante es lo que se avecina: la ley de fomento productivo contempla, entre otros cuestionables puntos, exenciones tributarias de miles de millones de dólares que beneficiarían, principalmente, a los grandes grupos económicos.
Mientras, por otro lado, se ha posicionado en el discurso oficial la necesidad de la eliminación del subsidio a la gasolina, lo que terminaría afectando a las grandes mayorías dado que el precio de los combustibles forma parte del precio de muchos bienes.
Todo esto implica perdonar más de 4000 millones de dólares a los segmentos más ricos de la población, una cifra 4 veces más grande que lo destinado al subsidio a la gasolina en un año.
Además, la fuerte influencia de las cámaras empresariales y las élites importadoras ha ocasionado un deterioro notorio del sector externo, que no ha sido protegido ante el crecimiento de las importaciones y la consecuente salida de divisas, en el contexto de restricción externa que enfrenta el país.
Sumado a ello, el ajuste fiscal previsto tendrá efectos notoriamente contractivos en la economía, y las políticas de reactivación productiva parecieran estar destinadas a favorecer a los grandes grupos antes que a las pequeñas y medianas empresas, reales generadoras de la mayor parte del empleo privado.
En resumen, la revancha de las élites en contra de las pocas o muchas reivindicaciones sociales de la última década, enmascarada bajo una supuesta lucha contra el “autoritarismo, la corrupción y el derroche” del Gobierno anterior, le están pasando factura al país.
El discurso de “descorreizar” el Ecuador ha enmascarado en el ataque a una persona o a un proceso político en específico toda la lucha de los grandes grupos políticos y económicos por retomar el poder perdido por más de una década; y, en esos términos, no ha implicado una transición hacia una era post-Correa sino más bien un acelerado retroceso a una era pre-Correa.
El discurso de la descorreización del Ecuador, antes que servir para corregir los errores que pudieron haberse cometido en el pasado, ha servido para justificar el nuevo autoritarismo, para saltarse toda la institucionalidad del país y para crear normas a medida de las grandes élites, a las que se les ha devuelto el poder.
Y los grandes perdedores, como ya lo estamos viendo, terminamos siendo los ciudadanos, las grandes mayorías a las que quiere volver a poner “en su lugar”.
Redacción CiudadColorada con información de Celag.org
