La primera vez que las familias debieron ceder un espacio a la vía Alóag–Santo Domingo fue hace 40 años, cuando se construyeron los actuales dos carriles que se extendieron por sus antiguos predios.
Una parte de los habitantes de entonces retrocedieron con dirección a la montaña y otros, como Segundo Zaruma, fueron desplazados cerca de las quebradas, en la parte norte que colinda con el río Toachi.
Pero esta vez ya no podrán reducir más sus espacios, puesto que con la ampliación a cuatro carriles de la vía tendrán que abandonar definitivamente sus propiedades.
En total, 168 predios están considerados dentro del espacio que se necesita a lo largo de los 15,1 kilómetros de la primera fase de obras en la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Con el catastro se debe definir cuántas son viviendas y cuántos son locales comerciales, entre grandes, medianos y pequeños. En algunos casos, están sobre la línea de fábrica.
La Prefectura de la provincia invertirá USD 30,94 millones de un crédito del Banco de Desarrollo en la ampliación a cuatro carriles de la Alóag.
Enrique Moyano vive en el lugar hace 35 años. Cuenta que estas zonas crecieron con negocios que se instalaron para atender a los viajeros que se movilizan entre las dos regiones. Hay comercios de restaurantes, dulcerías, tiendas, puntos de auxilio mecánico, gasolineras, entre otros. Además, otros sitios cuentan con cultivos o pastos para ganado.
Las viviendas son de bloque y madera, y tienen cubiertas de losa, zinc y paja toquilla.
La construcción del habitante Segundo Zaruma es mixta, pero hace tres décadas era de madera. El aire fresco y la hacienda de esa época lo animaron a diseñarla con ese material, pues el entorno se prestaba para ellos.
Con los años aparecieron estructuras de todo tipo y diversidad de negocios, agrega el vecino Enrique Moyano, que sigue atento el proceso de expropiación que incluirá su casa de dos pisos.
La consultora Asociación E&S, que en el 2016 realizó los estudios y el diseño para la ampliación de la Alóag, determinó que el área de influencia de la obra abarcará 231 hectáreas.
También identificó el tipo de predios que se retirarán por las obras.
La Prefectura Tsáchila calcula que las expropiaciones demandarán una inversión de USD 2,1 millones. El monto inicial era de USD 1 217 985, pero solo consideraba a los terrenos y construcciones de Alluriquín,
Unión del Toachi y El Paraíso. En el nuevo cálculo están los del tramo que va hasta el sitio KFC. Segundo Zaruma vive ahí y cierto día lo visitó una joven que le preguntó si estaba al tanto de los trabajos.
Respondió con un sí, a lo que la mujer le indicó que pronto recibirá una notificación para asistir a una reunión en el Municipio donde le informarán sobre las indemnizaciones.
Desde ese momento Zaruma no ha dejado de pensar en su futuro. No tiene un plan definido para reubicarse, pero si le piden que salga lo más pronto piensa ir donde su familia en un barrio de Santo Domingo.
La idea que tiene es comprar un terreno cerca de la zona donde está actualmente su casa, en la que además cuenta con una tienda. La Prefectura y el Cabildo firmaron un convenio el 13 de agosto para iniciar el catastro rural con el que se cuantificará el monto de cada predio.
El director de Planificación del Gobierno Provincial, Lloni Romero, informó que se espera contar con los resultados definitivos este mes para empezar en octubre las expropiaciones y demoliciones de las construcciones.
La mayoría de las personas que viven a lo largo de la ruta teme perder clientes.
La consultora E&S preguntó a 45 personas que habitan entre Alluriquín, Unión del Toachi y El Paraíso si tienen motivos para oponerse a la obra. El 90% respondió que la razón principal es que pueden perder clientes en sus negocios que están en la actual ruta.
Un 10%, en cambio, dijo que no está de acuerdo por las afectaciones a los predios. Carmen Feijó, presidenta de la Junta Promejoras de la Unión del Toachi, pidió que se analizara la situación, pues todos estos años han vivido del comprador de paso.
Redacción de El Comercio
