Al presidente argentino, Mauricio Macri, le está trayendo más de un dolor de cabeza, lo de llamar desesperadamente a la puerta del Fondo Monetario Internacional pidiendo dinero.
El pasado lunes, cuando anunció su plan para reducir el déficit a cero el año que viene, ya admitió que estos están siendo los peores días de su vida después del secuestro que sufrió hace 27 años.
Y no es solo que la economía argentina se esté desmoronando ante sus ojos sin que nada de lo que haya hecho hasta ahora haya servido para convencer a los mercados o contentar mucho menos esto último a sus compatriotas, hartos ya de tantos sacrificios. Sino porque ahora también va a tener que responder ante la Justicia por haber solicitado el salvavidas del FMI.
Y es que un fiscal argentino ha decidido imputar al presidente y a varios miembros de su Gobierno por «abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público». Todo por no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo alcanzado con el organismo que dirige Christine Lagarde, que le prestará al país austral 50.000 millones de dólares.
Y eso en plena negociación para acelerar el cobro de una nueva entrega del rescate pactado en junio.Junto a Macri, han sido imputados el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y «todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable».
«Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido», explica el fiscal en su resolución, que fue divulgada en la madrugada de ayer (hora española) por los denunciantes:
El economista y exdiputado de izquierdas Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, quienes mantienen que el Ejecutivo de Macri se ha saltado a la torera la Constitución.«Nuestra Constitución establece que es el Congreso el único que tiene la facultad de asumir deuda pública y firmar convenios con organismos internacionales», aclaró Baldiviezo en declaraciones a la agencia Efe.
También explicó que cuando Macri decidió de manera unilateral acudir al FMI esgrimió la existencia de una ley de administración financiera de los noventa que autoriza al Ejecutivo a «llegar a acuerdos con organismos internacionales de los que Argentina forma parte» para endeudarse. Pero, según el abogado, «esas delegaciones del Congreso al poder Ejecutivo caducaron en el 2010».
En manos del juez«Ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini frenar el acuerdo y proseguir con la investigación», explicaron los denunciantes en un comunicado.
Y mientras, Macri insiste en que el rescate es la vía para lograr salir de la «tormenta económica» que asola el país.Sea como fuere, lo cierto es que la imputación del presidente y de parte de su equipo ha venido a echar más leña al fuego del desconcierto en el que arden la población argentina y los mercados, que aguardan impacientes los resultados de las últimas negociaciones con el FMI y su impacto en la maltrecha economía del país.
Redacción de lavozdegalicia.es
