El Frente de Defensa de la Amazonía, que representa a afectados por la contaminación ambiental el siglo pasado, rechazó hoy el fallo de una corte arbitral internacional en contra de Ecuador en el caso Chevron.
De acuerdo a un comunicado emitido hoy, el Frente denuncia que «un panel secreto de tres árbitros» trata con el laudo conocido el viernes de «interferir en la ejecución de la sentencia por USD 12 000 millones que vienen ejecutando los tribunales canadienses con el fin de que Chevron pague la condena que las víctimas ganaron, de manera legal y legítima, en el año 2011″.
Considerado uno de los mayores litigios por contaminación ambiental, el caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -adquirida en 2001 por Chevron-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.
Desde entonces los afectados han tratado de que la petrolera estadounidense les indemnice a través de causas abiertas en diferentes países donde Chevron cuenta con filiales.
La Defensoría del Pueblo exhortó el sábado (8 de septiembre del 2018) al Gobierno de Ecuador a que exija a la petrolera que cumpla sus responsabilidades en materia de reparación a los afectados por contaminación ambiental pese al laudo dictado por la corte arbitral internacional con sede en La Haya.
El Ejecutivo ecuatoriano ha apuntado a posibles responsabilidades por negligencia de las autoridades judiciales o los defensores en la causa que se dilucidó bajo mediación arbitral durante el anterior Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Carmen Cartuche, presidenta del Frente de Defensa de la Amazonía, manifestó que la decisión de los tres jueces de la corte no puede prevalecer sobre los derechos de las comunidades afectadas.
«La decisión arbitral no puede privarnos de los derechos que los hemos ganado, a través de una sentencia legal y legítima, después de tantos años de lucha, más aún si las víctimas nunca fuimos parte de esa controversia», dijo la dirigente.
«El litigio judicial de los afectados amazónicos es un proceso entre particulares, por lo tanto, no puede ser afectado por una decisión de un tribunal arbitral privado creado para resolver controversias comerciales entre estados y empresas», añadió Cartuche.
Y censuró que con la medida el fallo podría conducir «al Estado ecuatoriano a desconocer una decisión judicial cuya pretensión fundamental es lograr reparar los daños ambientales y sociales provocados por las operaciones de Texaco en la Amazonía».
Por su parte, Aaron Page, asesor legal estadounidense de las comunidades ecuatorianas consideró que la reciente decisión arbitral no debe atentar contra de los derechos de las comunidades afectadas.
«Sus derechos, como litigantes privados, deben ser respetados por la República del Ecuador, y por los tribunales nacionales y extranjeros en todo el mundo», afirmó Page.
Con información de El Comercio
