Ecuador deberá dejar sin efecto la sentencia en contra de la petrolera Chevron por contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana, según dispuso el tribunal arbitral de La Haya. El tema se incluyó en un laudo parcial, dentro del caso denominado Chevron 3.
En esta sentencia, que se hizo pública este viernes 7 de septiembre del 2018, el tribunal internacional resolvió que Ecuador es responsable por denegar justicia a la petrolera.
Por esta razón ordenó al Estado, entre otras disposiciones, indemnizar a la petrolera y dejar sin efecto el dictamen de la Corte de Lago Agrio, de febrero del 2011.
En este fallo de la Corte de Lago Agrio se determinó que Chevron -que compró los activos de Texaco, que operó en Ecuador entre 1964 y 1992- debía indemnizar a pobladores de la Amazonía, quienes interpusieron una demanda contra esta firma, por los perjuicios causados. Para esto se fijó un monto de USD 9 500 millones.
Sin embargo, según la empresa petrolera, el tribunal, bajo el auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, concluyó unánimemente que la sentencia de USD 9 500 millones dictada en su contra en Lago Agrio fue obtenida a través de “fraude, sobornos y corrupción”.
Por esto, Chevron indicó que el tribunal falló en contra de Ecuador, porque “violó sus obligaciones bajo tratados internacionales, acuerdos de inversión y el derecho internacional”. Por lo tanto, Chevron no está obligada a cumplir con la sentencia ecuatoriana.
Pese a esta decisión, el tribunal expresó -en el laudo- que los pobladores indígenas de la Amazonía, quienes demandaron a Chevron en el 2003, pueden presentar nuevos reclamos, por la violación de sus derechos individuales.
Para Pablo Fajardo, representante legal de los demandantes del caso Chevron, el fallo del tribunal arbitral interfiere con la justicia ecuatoriana, porque este laudo responde a un proceso distinto al que interpusieron los habitantes de la Amazonía.
La sentencia de este viernes, según Fajardo, corresponde al proceso interpuesto por la petrolera en contra del Estado ecuatoriano, en el 2009, por la supuesta violación del Tratado Bilateral de Inversiones, y del acuerdo del contrato suscrito entre Ecuador y la firma petrolera, en 1995. “El laudo afecta al Estado, pero no a nosotros”.
Por esto, Fajardo insistió en que seguirán buscando los mecanismos para que se ejecute la sentencia de Lago Agrio que favorece a 30 000 habitantes de la Amazonía, aunque este tipo de acción también se encuentra limitada, según informó ayer la Procuraduría.
El procurador del Estado, Íñigo Salvador, mencionó que el laudo arbitral ordenó al Estado tomar todas las medidas necesarias para evitar que se ejecute la sentencia dictada por la Corte de Lago Agrio.
Además, Ecuador deberá reparar los daños que pudiese causar el mencionado fallo e impedir que se intenten nuevas acciones para ejecutar dicha sentencia.
Los abogados de los pobladores de Lago Agrio han intentado que esta sentencia se ejecute en varias jurisdicciones. Se ha tratado en Argentina, Brasil y Canadá. “El Procurador debe hacer una defensa técnica que no afecte a los pobladores”, dijo Fajardo.
La Procuraduría informó que, tras evaluar este laudo, que consta de 521 hojas, analizará las acciones que tomará.
Dentro de este procedimiento, regulado bajo las reglas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional,
Ecuador puede solicitar un recurso de interpretación del laudo. Incluso, puede gestionar en los tribunales de los Países Bajos, donde se hizo el arbitraje de este caso, un pedido de nulidad, que podría durar dos o tres años. “Estamos explorando posibilidades”, dijo Salvador.
Antes de solicitar estos recursos, se espera que en alrededor de 90 días se inicie una nueva etapa en donde se determinará la cuantía de la indemnización que Ecuador deberá pagar a Chevron, por haber violado el Tratado Bilateral de Inversiones; haber denegado justicia; y no brindar un trato justo y equitativo.
Una vez que se determine este monto, el Gobierno solicitará el derecho de repetición en contra de los funcionarios que tienen responsabilidad en este caso. Para determinar esto, la Procuraduría y Contraloría trabajarán de manera coordinada, como lo solicitó este viernes Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia de la República en un oficio que fue remitido a Salvador, tras conocerse el laudo.
Para Ramiro Crespo, analista económico, el fallo representará una carga importante para el Presupuesto del Estado, que ya atraviesa una situación compleja y también podría afectar la imagen del país ante los inversionistas.
Con información de El Comercio
