La arremetida colombiana en contra de alias ‘Guacho’ hizo que militares y policías de Ecuador refuercen sus tareas en la frontera con esa nación.
Este lunes, 17 de septiembre del 2018, poco después de las 09:00, la Secretaría de Defensa anunciaba una intervención del ministro Oswaldo Jarrín.
En 15 minutos, el funcionario informó haber reforzado las estrategias y las funciones de los 4 300 soldados asignados a la denominada Fuerza de Tarea Conjunta-Esmeraldas.
Así se intensificó la vigilancia, protección y reconocimiento de zonas, para mantener “la paz y la seguridad” en los puntos fronterizos. Jarrín habló de “medidas especiales”.
Este tipo de operaciones comenzaron luego del ataque al cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero pasado.
Desde entonces, policías y militares movilizaron a su personal. De hecho, este lunes 17 de septiembre del 2018, uniformados de ambos cuerpos de seguridad trabajaron sobre el río Mataje. Todos vestían uniforme camuflaje y fusiles.
Lo sucedido con alias ‘Guacho’ hizo que los policías movieran más personal a Mataje, Palma Real, Limones y Tambillo, que están en Esmeraldas, pero no se indicó el número.
La idea es cercar los posibles puntos estratégicos, para que grupos ligados a alias ‘Guacho’ no puedan dejar la zona limítrofe. Colombia denominó a su tarea como operación Candado y desplegó 4 000 uniformados en Nariño.
Información difundida desde Bogotá señala que al cabecilla de la narcoguerrilla Óliver Sinisterra se le agotan el agua y los alimentos. Las fuerzas militares de Colombia mantendrán las operaciones de forma “indefinida y sostenida”.
En Ecuador, lo último que sabe el ministro Jarrín es que ‘Guacho’ está herido. “La nueva operación que está en marcha es la que va a permitir ver la situación de una forma concreta, exacta y definitiva”.
El Ministro de Defensa y la ministra del Interior, María Paula Romo, mantienen coordinaciones. De hecho, la Policía trabaja con agentes destinados a Inteligencia, investigación y prevención. Las tareas se realizan en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta.
Hasta el 10 de septiembre, los policías han retenido vehículos, motos, droga y han detenido a sospechosos. Todo es parte de los trabajos, para evitar el movimiento de las personas que ayudan a los disidentes de las FARC. Las investigaciones determinaron que estas redes de colaboradores estaban en poblaciones como Mataje.
Allí había viviendas en donde se almacenaba droga o armamento para disidentes.
La Unidad de Investigación de Delitos con Armas, Municiones y Explosivos (UIDAM) reveló que ocho organizaciones se dedican al contrabando de armamento desde Perú hasta Tumaco (Colombia).
Según información de esa nueva unidad policial, que apenas tiene un año de funcionamiento, existen dos corredores para transportar los revólveres industriales calibre 9 milímetros, los fusiles y las municiones.
La principal ruta comienza en Huaquillas (El Oro), pasa por Guayaquil o Santo Domingo de los Tsáchilas y avanza a San Lorenzo (Esmeraldas).
Otra de las rutas es Huaquillas, Guayaquil o Santo Domingo y Sucumbíos. En el Puerto Principal y la provincia Tsáchila, las organizaciones paran tres o cuatro días.
En ese tiempo esperan que los grupos irregulares que operan en la frontera norte, de lado colombiano, les cancelen el 50 % por el ‘encargo’. En caso de no ser así, el armamento es “alquilado” a bandas delictivas ecuatorianas por USD 20. El precio por cada revólver es de USD 1 200 en Perú.
Al llegar a Colombia cuesta hasta USD 5 000 cada uno. En el caso de fusiles M17, AHK47 y subametralladoras, el costo inicial es de USD 6 000 y llega a un tope de USD 15 000. En el caso de las municiones, un agente de la Unidad de Inteligencia y Contra Inteligencia y Cooperación Trasnacional (UICCT) sostuvo que la bala más comercializada es la 5,56 milímetros.
Esa se usa en los fusiles y el costo por transportar cada unidad es de USD 6 y 10. Para movilizar este material, las bandas engañan, por ejemplo, a las empresas de buses que van de provincia a provincia, pues colocan datos falsos.
Para las incautaciones, los uniformados no entablan controles fijos. Manejan información de las denominadas ‘fuentes humanas’, quienes alertan el medio por el que es trasladado el material ilegal y el destino del armamento.
Las autoridades han dicho que la idea es frenar todo movimiento de los ilegales. Por eso, la semana pasada se presentó en la provincia fronteriza del Carchi el Plan de Seguridad , Paz y Desarrollo de la Frontera Norte.
El objetivo es ir más allá de lo militar y trabajar en áreas como salud, educación, producción, etc. Por ahora, las autoridades civiles, policiales y militares de Ecuador y Colombia mantienen comunicaciones, para intercambiar información sobre las redes delictivas.
“Lo que interesa es que no se den actos delictivos. La ley de un Estado debe estar vigente en todo su territorio, para que se respete la soberanía del país. Si es que estos aspectos están cumpliéndose no nos interesa el individuo o las formas sino las acciones” señaló Jarrín.
“No son fuerzas convencionales para que se les pueda presionar y que pasen a Ecuador, son grupos irregulares que actúan aisladamente y descentralizadamente, no hay opción de que (producto de) una presión militar los grupos se pasen a Ecuador”.
Desde el ataque del 27 de enero hasta el 7 de agosto pasado, Colombia había detenido a 32 personas del frente Óliver Sinisterra y Ecuador, a 52. Hace cuatro días, en las montañas colombianas fue capturado alias ‘Pelusa’, presunto coordinador delictivo de las redes de apoyo de esta mafia.
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Jorge Isaacs Hoyos, habló a través de Twitter y explicó que la Fuerza Pública de su país “seguirá con las operaciones contra desplazamientos forzosos y actividades ilícitas que alteran el orden público en la región”. La idea es frenar la presión de los armados en los poblados fronterizos.
Con información de El Comercio
