La muerte del policía Froilán Jiménez fue “fruto de una disposición superior”. A esa conclusión llegó el fiscal Fabián Salazar, a cargo de investigar la posible ejecución extrajudicial del uniformado, quien fue abatido la noche del 30 de septiembre del 2010 (30-S).
Este jueves, 20 de septiembre del 2018, a través de un escrito, Salazar solicitó a la fiscal provincial de Pichincha, Ruth Palacios, que asuma el caso e indague la participación del expresidente Rafael Correa y del exministro de Defensa, Javier Ponce, en el operativo.
El pedido lo hizo con base en 27 elementos o evidencias, con las que “se hace indispensable entender que en esta causa podemos llegar a hablar de autor mediato (quien se vale de un tercero para cometer delitos)”.
Y agregó: “Hay que tomar en cuenta que quien dio esta orden no realiza la ejecución de la muerte del señor Froilán Jiménez, pero son las decisiones que se desprenden de estas autoridades las que permitieron que se evidencie la ejecución extrajudicial, a través de un tercero que también poseía conciencia y voluntad”.
Una de las evidencias contra Correa y Ponce es el informe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) sobre la operación Rescate para sacar al Presidente del Hospital de la Policía.
En ese documento, las FF.AA. señalan que “el Presidente, a través de contacto telefónico, dispuso al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo.
Para el efecto, se coordinó tanto en forma personal como vía telefónica con elementos de la seguridad personal del Presidente”. En esa operación, Jiménez, de 28 años y miembro del GIR, recibió un disparo de un proyectil de 5,56 milímetros, justo cuando protegía el vehículo en el que era evacuado Correa.
Las versiones de militares, quienes participaron en esa acción, también fueron citadas como evidencias para hablar de la autoría mediata. Según Salazar, los uniformados en sus declaraciones subrayaron que el 30-S cumplieron órdenes superiores, “con lo que se configuraría la cadena de mando”.
Esta cadena se iniciaba con el presidente Correa en la cabeza e incluía a Ponce y al Alto Mando Militar.
En ese entonces estaba integrado por Ernesto González, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; los generales Patricio Cárdenas, comandante del Ejército, y Leonardo Barreiro, comandante de la Fuerza Aérea; el contralmirante Alan Molestina, jefe de la Marina; el general Jorge Peña Cobeña, director de Operaciones; Luis Castro, a quien se le encargó planificar, organizar y ejecutar el operativo.
Castro, en su versión a la Fiscalía, indicó que el 30-S era comandante de las Fuerzas Especiales y que se encontraba en Latacunga, cuando recibió una orden de Hegel Peñaherrera, comandante de la Fuerza de Tarea.
Este le pidió que planificara el rescate al Presidente. Según Castro, esa noche cumplió “órdenes directas y estrictas” del canal de mando. Otro elemento que el fiscal pidió que se indague es el contexto en el que se dieron los hechos, pues en la evacuación se produjo una balacera.
“Es indispensable que se investigue no solo a quien causo la muerte de Jiménez, sino también al accionante detrás, quien permitió se realizara un acto violatorio en el contexto de los Derechos Humanos”.
Salazar asegura que en el operativo no se tomó en cuenta la Resolución N° 2286 de la ONU, que condena los ataques a establecimientos de salud en épocas de guerra e insta a los gobiernos a tomar medidas contra los responsables.
“(Pese a) que este hecho no fue en tiempo de guerra, sí se atentó contra dos centros de salud sin medir las consecuencias que hasta la fecha se tratan de aclarar”, agrega el fiscal.
El miércoles 19 de septiembre, casi ocho años después de la muerte de Jiménez, la Fiscalía volvió a reconstruir ese episodio. La diligencia judicial duró cuatro horas. Participaron más de 70 personas.
Con información de El Comercio
