En enero pasado, el constante sonido de las máquinas de coser, el trajín del trazo de moldes y el corte de telas para elaborar uniformes cesaron en la empresa pública Fabricamos Ecuador (Fabrec), aunque sus empleados no han dejado de acudir a la planta.
Desde hace cuatro meses, los operarios no han recibido sus salarios. La firma tiene 426 empleados y un gasto por masa salarial de USD 2,9 millones al año. La última vez que se confeccionaron uniformes fue en diciembre pasado, cuando concluyó la elaboración del pedido que hizo la Policía Nacional, recuerda Patricia Pozo, empleada desde hace 10 años.
En enero pasado, el constante sonido de las máquinas de coser, el trajín del trazo de moldes y el corte de telas para elaborar uniformes cesaron en la empresa pública Fabricamos Ecuador (Fabrec), aunque sus empleados no han dejado de acudir a la planta.
Desde hace cuatro meses, los operarios no han recibido sus salarios. La firma tiene 426 empleados y un gasto por masa salarial de USD 2,9 millones al año. La última vez que se confeccionaron uniformes fue en diciembre pasado, cuando concluyó la elaboración del pedido que hizo la Policía Nacional, recuerda Patricia Pozo, empleada desde hace 10 años.
En este contexto Carlos Torres, exgerente de la empresa, aseguró que se firmaron contratos con la aerolínea Tame por USD 261 652 y con CNEL, por USD 1,3 millones.
Pero la producción no arrancó, cuentan los empleados. Este Diario intentó conocer detalles de estos contratos, pero hasta el cierre de esta edición las autoridades de Fabrec no respondieron .
Según Víctor Crespo, gerente encargado, quien asumió tras la renuncia de Torres la semana pasada, el Gobierno decidió que la empresa se liquidará. Aunque no precisó fecha, en una reunión con los trabajadores el viernes pasado -difundida a través de un video- Crespo dijo que pondrá una denuncia en la Fiscalía por la forma en que “se llevaron Fabrec” las anteriores administraciones.
Esta fábrica de uniformes y calzado, constituida en los ochenta, está en manos del Gobierno desde abril del 2012. Y, de acuerdo con datos de la Emco, registró pérdidas en el 2013, 2016, 2017 y entre enero y julio de este año (ver gráfico). Hasta julio, por ejemplo, la empresa registró ingresos por USD 497 573, pero incurrió en gastos por USD 3,3 millones.
En el video de la reunión, Crespo aseguró que el Ministerio de Finanzas garantizó que entregará los recursos para los sueldos atrasados y para que cada persona que salga de Fabrec tenga su liquidación.
Finanzas informó a este Diario que autoridades del Gobierno y de Fabrec “mantuvieron una reunión de análisis para la elaboración de un convenio de pago, proceso que se extenderá por varios días más”.
Esta semana, los operarios de la planta ya empezaron a entregar las máquinas. Miriam Cisneros trabaja desde hace 10 años en la empresa y es madre de una persona con discapacidad. Llora porque en cinco meses no ha podido pagar el arriendo de su casa y lamenta que una empresa que producía “en cantidad y calidad” cierre tras seis años de manejo gubernamental.
Cisneros recuerda que lo que más llamó la atención en el traspaso de esta empresa al Gobierno fue que la nómina administrativa creció. Los gastos en personal pasaron de USD 1,5 millones en el 2012 a 2,3 millones en el 2015. Una auditoría a sus estados financieros -entre el 2013 y el 2015, realizada por la Contraloría- dio cuenta de irregularidades.
En el informe del 10 de abril del año pasado hay 17 observaciones sobre el manejo de la firma, que el Gobierno anterior intentó cerrar el 2015, aunque después desistió.
La auditoría menciona, por ejemplo, la sobreestimación en cuentas por reavalúos de terrenos entre el 2014 y el 2015, por USD 3,7 millones y la sobrevaloración de activos por USD 13,9 millones en el 2015.
Señala que hay valores pendientes por cobrar y por pagar que son parte del convenio Construyendo Seguridad Ciudadana (CSC), que la estatal firmó con el Ministerio del Interior el 2011, por USD 128 millones.
El examen anota que la Gerencia Financiera proporcionó información parcial de contratos y otros documentos. Con este convenio, Fabrec se ocupó de la dotación y construcción de Unidades de Policía Comunitaria y de Unidades de Vigilancia Comunitaria. Para el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, incursionar en estas actividades hizo al negocio “inviable”.
La Contraloría emitió 19 recomendaciones a Fabrec. El 53% se cumplió, según un examen del ente del 19 de julio del 2018 . El resto se ha ejecutado parcialmente.
Con información de El Comercio
