El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el jueves a Estados Unidos de haber ordenado su asesinato al gobierno colombiano.
“Ni un pelo me van a tocar porque a mí me protege Dios y me protege el pueblo de Venezuela”, afirmó el mandatario venezolano en una cadena de radio y televisión durante un encuentro con trabajadores oficialistas en la capital del país.
Sin ofrecer detalles, Maduro hizo la declaración un día después que Washington anunciara que “seguirá aumentando la presión” sobre el gobierno de Maduro y sus allegados y condenara la muerte de un concejal opositor que se suicidó tras ser arrestado por su presunta vinculación con el atentado contra el presidente venezolano en agosto.
El gobierno de Donald Trump aplicó el mes pasado nuevas sanciones a integrantes del círculo cercano del gobernante socialista, entre ellos la primera dama Cilia Flores y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, avivando las tensiones entre Caracas y Washington _que se encuentran sin embajador desde 2010.
Maduro sufrió un atentado con drones durante un desfile militar el 4 de agosto en el centro de la capital. El gobernante ha señalado a Washington y Bogotá de proteger a algunos de los implicados en el incidente.
Como parte de las investigaciones, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 17 personas _incluyendo dos generales y un coronel, todos ellos de la Guardia Nacional, y el diputado opositor Juan Requesens.
De igual forma, las autoridades venezolanas pidieron a Estados Unidos, Colombia y Perú la extradición de algunos de los implicados, entre ellos el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien Bogotá le otorgó refugio el jueves.
Por el caso, la policía política detuvo el 5 de octubre al concejal opositor Fernando Albán en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando volvía de un viaje a Nueva York, donde visitó a su familia.
En ese viaje se reunió también con Borges, quien lo acompañó a reuniones en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Albán, de 56 años, se suicidó a inicios de semana al lanzarse desde el 10mo piso de la sede de la policía política, según anunciaron las autoridades. Su muerte fue condenada por la dirigencia opositora y algunas organizaciones humanitarias, que responsabilizaron al gobierno por el deceso.
Varios gobiernos y organismos internacionales también reprobaron la muerte del opositor y exhortaron a Caracas a realizar una investigación independiente y con aval internacional sobre el caso.
