La detención de la excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos se suma a una ya complicada situación política y judicial en esa nación latinoamericana.
Con la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el 21 de marzo, los peruanos han visto a sus últimos cinco mandatarios presos, investigados o prófugos, circunstancias que acentúan la crisis institucional.
A Keiko Fujimori, líder del principal partido opositor (Fuerza Popular), se le investiga además por presuntamente haber recibido fondos ilícitos para su campaña presidencial (2011) provenientes de la empresa Odebrecht.
Este último caso, fue el argumento que forzó la dimisión de PPK una vez señalado de haber recibido de la empresa brasilera la cifra de 782.207 dólares entre los años 2004 y 2007.
p. Keiko Sofía Fujimori Higuchi pic.twitter.com/AwSQPQiUmK
— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 10 de octubre de 2018
Una vez detenida, Keiko Fujimori escribió una nota que fue difundida en su cuenta Twitter en la que asevera que «la persecución se ha disfrazado de justicia» y que fue privada de libertad sin prueba alguna.
Crisis judicial
La salida de PPK y a la asunción de Martín Vizcarra, en la Presidencia, se vieron opacadas por la eclosión de un escándalo judicial con implicaciones en varios estamentos del poder peruano.
Son casos de corrupción que involucran a altos miembros de la Judicatura.
A principios de julio de 2018, se publicaron audios de llamadas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias en las más altas instancias judiciales en la que participaban altos magistrados, políticos y empresarios.
Vizcarra respondió elevando al Parlamento cuatro reformas constitucionales con las que aspira salir de la crisis. Y para validar esa iniciativa, decretó someterlas a referéndum popular el domingo 9 de diciembre.
Secreto a voces
«La descomposición del Poder Judicial es algo que ya se conocía en Perú, pero nunca había emergido a la luz pública como en esta oportunidad», indica Roger Taboada, profesor de sociología en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en la ciudad de Huacho, en la costa central de Perú.
Para el académico, la crisis judicial se suma a un «enfrentamiento político entre el poder Ejecutivo y el Congreso de mayoría fujimorista», que se hizo «más evidente» con la eliminación del indulto al expresidente Alberto Fujimori.
Mientras el Gobierno declaraba que cumpliría la sentencia que anuló el indulto a Fujimori, el Congreso aprobó una ley para evitar el regreso a prisión del expresidente. Dos reacciones que, en opinión de Taboada, dejan al descubierto el juego de intereses políticos de su país.
Con fundamento
El abogado y analista político Antonio Castillo cree que las acusaciones contra Keiko Fujimori no obedecen a una pugna entre partidos, sino que «tienen fundamentos reales».
La excandidata presidencial, detalla el abogado, fue detenida por el hallazgo de elementos que la vinculan directamente a casos de corrupción.
«Son hechos totalmente ajenos al Ejecutivo. Tampoco existen indicios de que hayan sido propiciados por alguna organización política distinta al fujimorismo. Son actos de exclusiva responsabilidad de la señora Keiko Fujimori», considera Castillo.
El analista niega que hubiese existido una alianza entre Keiko Fujimori y el presidente Martín Vizcarra como origen de las actuales disputas.
Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, explica Castillo, el recién designado presidente «aceptó conversar con Keiko Fujimori por temas de gobernabilidad», lo que fue tomado por ella como un «signo de sometimiento por parte de Vizcarra».
El escándalo de corrupción judicial y la presentación de las reformas por parte del Gobierno han dejado ver «el carácter obstructivo del Congreso, hegemonizado por el fujimorismo», añade el abogado Castillo.
No obstante, observa que, aunque el actual presidente no ha sido salpicado por la corrupción, como sus cinco antecesores, existe un sector que aspira solucionar la crisis judicial mediante «el intercambio político de impunidades», refiriéndose a la absolución de castigos a dirigentes que han cometido delitos.
Lo cierto es que la crisis peruana no termina y los actores aún mueven sus piezas en un tablero sin definición, gris.
Con información de RT
