La renacida amistad entre ambos países puede verse afectada si Quito mantiene la protección a Julian Assange fundador de Wikileaks, según una carta enviada al presidente Lenín Moreno.
Julian Assange se ha convertido en una piedra en el zapato cada vez más grande para el Gobierno de Lenín Moreno. La última decisión de Ecuador de devolver al fundador de Wikileaks la conexión a Internet y la posibilidad de recibir visitas no ha gustado nada en Washington.
Dos representantes del Congreso estadounidense enviaron este jueves una carta al presidente ecuatoriano para advertirle de las implicaciones que tendrían para la renacida amistad entre ambos países que Assange deje de estar incomunicado.
“Estamos muy preocupados por la presencia de Julian Assange en su embajada en Londres y su obtención de la ciudadanía ecuatoriana el año pasado. Más recientemente, nos preocupa especialmente saber que su Gobierno ha restaurado el acceso del señor Assange a Internet.
En numerosas ocasiones, el señor Assange ha comprometido la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Lo ha hecho haciendo públicos documentos gubernamentales clasificados junto con material confidencial de personas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2016”, apostillan los congresistas del Comité de Asuntos Externos Eliot Engel e Ileana Ros-Lehtinen.
Y le recuerdan a Ecuador que su relación con otros países, como España o Reino Unido, ya se ha visto afectada anteriormente por culpa de los pronunciamientos en redes sociales del hacker australiano.
Ratificando que Assange “sigue siendo un criminal peligroso y una amenaza para la seguridad mundial”, los dos legisladores —uno, demócrata y otra, republicana— coinciden en presionar al país latinoamericano para que el australiano sea “entregado a las autoridades correspondientes”, a las estadounidenses.
De lo contrario, advierten, será muy difícil que Ecuador y EE UU avancen en su relación bilateral y en asuntos cruciales como la “cooperación económica o la asistencia en la lucha contra el narcotráfico”, dos temas que se han retomado recientemente tras el fin de la administración del expresidente Rafael Correa.
El reclamo de los congresistas ha surgido días después de que Wikileaks asegurara que la situación de incomunicación que mantiene Assange desde marzo terminará en breve, siempre y cuando el australiano cumpla con un rígido protocolo de comportamiento que hace hincapié en su estado de salud, su aseo y el de su mascota.
Si no, podría perder la protección que obtuvo como asilado en la embajada ecuatoriana en Londres en 2012.
Precisamente, esta semana la Asamblea ecuatoriana decidió hacer públicos los documentos sobre el proceso de naturalización que tramitó la Cancillería en diciembre de 2017 como estrategia para tratar de sacar a Assange de la sede diplomática después de seis años.
La idea era concederle la nacionalidad ecuatoriana para que asumiera un puesto en la embajada de Moscú. El plan fracasó porque Reino Unido no aceptó el nombramiento como diplomático, pero el australiano sí obtuvo el pasaporte ecuatoriano.
Lo que revelan los documentos entregados por el canciller, José Valencia, a la asambleísta Paola Vintimilla es que se hizo el trámite sin cumplir con todos los requisitos.
“Hay muchísimas inconsistencias. Primero, se creó una ley ad hoc, especialmente para este caso, para que pudiera nacionalizarse a un extranjero que residía fuera del territorio nacional.
Además, esa documentación nunca pasó por el sistema informático de Cancillería y se le concedió el carácter de reservado, para ocultarla, pese a que todos los trámites de naturalización son públicos”, explicó la legisladora del Partido Social Cristiano.
“Incluso, se le dio la nacionalidad sin que reuniera los requisitos que se exigen a todo el mundo. Ni cuentas bancarias ni trabajo… Ni siquiera en la entrevista que se hace para saber si conoce los símbolos patrios y la historia del país”, reclama Vintimilla.
Esas irregularidades justificarían que Ecuador decidiera revocar la concesión de nacionalidad e incluso de asilo a Assange para forzar su salida de la embajada en Londres.
Así lo entiende el jurista especializado en Derecho Internacional y exsubsecretario de la Cancillería Carlos Estarellas.
“Se produjo una violación cuando se le dio asilo a un delincuente común, también cuando se le concedió la nacionalidad con tantas irregularidades y se da una nueva violación ahora que Assange amenaza al canciller actual con denunciarle por revelar la documentación de su proceso de naturalización.
Son tantas violaciones que Ecuador debería quitarle esa condición o él debería renunciar al asilo”.
Lo mismo propone el exvicecanciller Marcelo Fernández de Córdova, puntualizando que “la concesión de asilo es un acto de soberanía de un país y de esa manera debería interpretarlo la comunidad internacional si Ecuador le retirase esa protección a Assange”.
Sobre todo, insiste, teniendo en cuenta el perjuicio que el fundador de Wikileaks ha causado al país en su relación con España, con Reino Unido, con Suecia y con Estados Unidos.
Especialmente con este último, ahora que, como recuerda la asambleísta Vintimilla, Ecuador está restableciendo la relación bilateral y pretende negociar un acuerdo comercial.
Con información de El País
