Cientos de campesinos esperaban al presidente cuando éste bajó de un helicóptero militar en una aldea selvática de Perú para inaugurar un puente y continuar su cruzada para desinfectar el sistema judicial y político que corroe a su país.
Los zapatos de gruesas suelas de Martín Vizcarra se hundieron en la ribera seca de un afluente del Amazonas mientras caminaba rodeado de escolares hasta un puente donde varios peruanos lo aguardaban descalzos.
“Si siempre han sido olvidados esto cambió. A partir de ahora tienen un presidente que se preocupa”, dijo bajo una lluvia de aplausos en Calemar, donde por décadas los vecinos cruzaban el río en una canasta colgada de una soga, 73% es pobre y no existen servicios básicos.
Antes la incredulidad de muchos, Vizcarra asumió la presidencia en marzo en medio de la mayor crisis política reciente de Perú luego de que Pedro Pablo Kuczynski, de quien el ahora mandatario era vicepresidente, renunciara por acusaciones de corrupción.
No tenía partido político ni bancada parlamentaria, pero sí un pasado destacado como gobernador regional de una pequeña y desconocida región minera del sur en un país donde todas las decisiones suelen tomarse desde Lima.
“Nuestro gobierno ha empezado después de conflictos políticos muy duros”, dijo el ingeniero civil de 55 años a The Associated Press en un aeropuerto del norte del país durante un viaje de trabajo.
Sus críticos lo consideraban un rehén del partido parlamentario dominante liderado por la opositora Keiko Fujimori, quien había apabullado a Kuczysnki en sus casi dos años de gobierno.
Su popularidad cayó más de 20 puntos los cuatro primeros meses y cuando su imagen parecía estar desahuciada estalló un escándalo de corrupción con consecuencias devastadoras.
El tiro de gracia llegó cuando la prensa difundió medio centenar de audios que evidenciaban a magistrados, empresarios y políticos que traficaban con la justicia. Incluso se escuchó cómo un juez supremo negociaba la absolución del violador de una niña de 11 años. Poco después, la rabia creció.
En un pueblo rural acosado por ladrones de ganado y asesinos impunes, los campesinos quemaron miles de papeles judiciales y en Cusco, la capital inca, una rata gigantesca fue incinerada frente a la corte judicial.
Por ello, cuando Vizcarra asumió, pocos pensaron que podría dar una vuelta de tuerca a la decepción de Perú.
“Estoy con todos aquellos que quieren erradicar la corrupción… Quiero, desde la presidencia, ser la voz de los que no son escuchados”, dijo como nuevo mandatario el día de la fiesta nacional.
Desde entonces ha conectado con miles de peruanos asqueados con los grupos de poder en un país que tiene a sus cinco expresidentes vivos investigados o sentenciados por corrupción. Quizá se deba a que no se ha quedado de brazos cruzados frente a la situación.
Entre otras cosas, convocó a un referendo para el 9 de diciembre para que los peruanos decidan si están de acuerdo en prohibir la reelección inmediata de congresistas, mejorar la calidad de los electores de magistrados, regular el financiamiento de partidos políticos y retornar a la bicameralidad parlamentaria.
Sus esfuerzos no han pasado desapercibidos: entre agosto y octubre subió 26 puntos hasta alcanzar 61% de popularidad de acuerdo a una reciente encuesta de la firma Ipsos Perú y así se convirtió en el presidente con el mayor repunte en 18 años.
Es cuatro veces más popular que el Parlamento y tres veces más que Keiko, quien estuvo detenida por ocho días y tras su liberación sigue investigada por un supuesto cargo de lavado de dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht.
Fernando Tuesta, profesor de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo que lo ocurrido con Vizcarra era “como un avión que se cae a pique y de repente alza vuelo”.
Los analistas afirman que Vizcarra es consciente que su poder está en las calles, lo cual se comprueba en sus viajes. Antes de salir, en el palacio presidencial, extiende un mapa de Perú y pregunta a qué pueblos jamás ha llegado un mandatario. Con frecuencia, esos son los destinos que elige para visitar.
“Nos hemos propuesto a hacer un gobierno doblemente descentralista porque las decisiones siempre se han tomado en la capital”, dijo tras visitar un centro de protección para mujeres golpeadas en una zona pobre de la costa peruana.
Las luces de su residencia en la casa presidencial se encienden a las cinco de la mañana y apenas se levanta revisa los periódicos.
Viaja dos veces por semana fuera de la capital y mientras cruza los Andes en el helicóptero que lo transporta mira los pueblos rurales cercanos a la cordillera e ingresa a la cabina de tripulación, donde revisa la carta aeronáutica con los detalles geográficos de la zona de visita.
El ingeniero civil que antes de ingresar a la política dedicó un cuarto de siglo a construir infraestructura con su firma privada pone mucha atención al detalle. Con frecuencia realiza preguntas técnicas a los expertos mientras revisa planos y avances de carreteras, represas y colegios.
“Tiene una mirada práctica, se ha enfrentado a esa papelería innecesaria de la burocracia de Lima, pierdes el tiempo si quieres explicarle como a un aprendiz”, dijo Edmer Trujillo, el ministro de Transportes que conoce a Vizcarra desde hace 23 años.
También se reúne con los gobernadores y alcaldes de las provincias. “Escucha mucho, pero él nunca te va a decir tienes o no tienes razón, solo dice lo vamos a ver y te das cuenta que te escuchó cuando lo ejecuta”, añadió Trujillo.
En las inauguraciones de las obras públicas suele referirse a la corrupción que le roba 3.000 millones de dólares anuales a los “peruanos más pobres”.
Los expertos afirman que después de concluido el referendo convocado por Vizcarra quedarán retos para este país sudamericano con 21,7% de pobreza y que posee obras de reconstrucción inconclusas tras el fenómeno climático el Niño Costero, que golpeó al país en 2017.
“Si es que él y su gobierno no dan resultados más o menos en tiempos razonables, este apoyo puede ir descendiendo”, dijo el politólogo Tuesta.
Su gestión previa como gobernador de la pequeña región Moquegua (2010-2014) fue reconocida como un caso notable en un país donde 13 gobernadores estuvieron presos por delitos de corrupción.
Llegó a un acuerdo con la multinacional Anglo American que buscaba explotar un proyecto de cobre y con el aporte minero mejoró la educación de esa región que subió al primer lugar en los exámenes que miden la comprensión lectora y de matemáticas en el nivel primario.
Ha confesado que en algún momento intentaron subestimarlo porque le dijeron que gobernar una región era más fácil que un país, pero él respondió:
“¿Cómo se toman las grandes decisiones? A través de pruebas de escala, primero pruebas en pequeña escala y cuando funciona lo extrapolas”.
