A menos de dos meses de que deje el poder, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto intenta blindarse ante una investigación por corrupción que a la larga podría afectar a funcionarios federales.
La oficina jurídica de la Presidencia presentó una acción judicial ante la Suprema Corte para proteger a todo funcionario federal de ser involucrados en un proceso penal en marcha en el estado norteño de Chihuahua por un caso de presunto desvío de fondos públicos a la campaña electoral del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este es el primer caso que se conoce públicamente en que la oficina jurídica del presidente busca protegerlo y a sus funcionarios de una pesquisa por corrupción.
La Suprema Corte recibió el 11 de octubre la controversia constitucional remitida por la oficina jurídica, aunque no se supo del caso hasta que el diario Reforma publicó el miércoles la información. El documento judicial es público.
Ahora, de acuerdo a los procedimientos del alto tribunal, debe ser remitido a un magistrado para que decida si lo admite a trámite o no.
En diciembre de 2017, las autoridades detuvieron a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, por su supuesta participación en un plan para desviar unos 240 millones de pesos (12 millones de dólares) de fondos públicos de Chihuahua para campañas políticas.
Aparentemente el desvío ocurrió en 2016 y las autoridades estatales buscan al exgobernador César Duarte, militante del PRI y actualmente prófugo, para que responda ante la ley por ése y otros posibles delitos.
La fiscalía federal se involucró también en el caso de Gutiérrez que, finalmente, fue exonerado de sus cargos y puesto en libertad a finales de septiembre de este año.
Javier Corral, actual mandatario del estado y miembro del opositor Partido Acción Nacional, ha criticado duramente la acción de la justicia federal en este caso.
En una entrevista tras el anuncio de exoneración de Gutiérrez, calificó todo el proceso de “simulación” y dijo que “la corrupción no se encapsuló en los estados”, sino que “trascendió a nivel federal, tocó a funcionarios del gobierno de Peña Nieto y al propio Peña Nieto, y por eso han ido a estos actos de cinismo”.
Con este panorama de fondo es que la oficina jurídica de la Presidencia interpuso la controversia constitucional en contra del actual gobernador y del Poder Judicial de ese estado.
Aunque en México es habitual que funcionarios públicos que temen ser detenidos o afectados por una investigación se amparen ante los tribunales de acciones judiciales futuras, no hay antecedentes de este tipo de demanda ejercida desde la misma Presidencia de la República ante el alto tribunal.
La controversia impugna “las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.
También la emisión de citatorios, órdenes de detención, de aprehensión y las solicitudes de arraigo existentes o inminentes y hasta que cualquier funcionario de Chihuahua comunique de cualquier manera algo de las investigaciones actuales o futuras con “otros sujetos, cualquiera que sea su función”.
En un comunicado emitido el miércoles por la noche, el gobernador chihuahuense consideró “revelador” que el presidente “se sienta tocado por las investigaciones que se realizan en Chihuahua”, y dijo que la decisión jurídica de Peña Nieto es “errónea”, no cree que prospere y delata, a su juicio, una “preocupación personal” del mandatario.
La corrupción ha sido uno de los grandes lastres de este gobierno, que finaliza el 30 de noviembre. Además, al menos tres exgobernadores estatales del PRI están detenidos y bajo investigación por corrupción.
De hecho, los analistas consideran que ese problema fue una de las principales causas por las que el partido perdió las elecciones en julio pasado.
