El gobierno colombiano pidió una dura sanción para la empresa brasileña Odebrecht, involucrada en una extendida trama de corrupción, por la cual se le impediría participar en licitaciones públicas durante 20 años.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez elevó el pedido a la Superintendencia de Sociedades – autoridad de control -, para que le imponga a la firma brasileña el máximo castigo previsto en la ley, según una carta difundida este martes.
Esta «solicitud se efectúa teniendo en cuenta que empresas del grupo Odebrecht, han protagonizado el caso de soborno y corrupción trasnacional más notorio de los últimos años en varios países del mundo, incluyendo Colombia«, escribió Ramírez.
La vicepresidenta rechazó la propuesta de la constructora de zanjar el escándalo con una reparación equivalente a 30 millones de dólares y pidió una «sanción pecunaria correspondiente» a los delitos en que incurrió para adjudicarse la Ruta del Sol II, la mayor obra vial del país.
«Aceptar un acuerdo de compensación económica resultaría un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de delitos», enfatizó Ramírez.
Según la fiscalía, Odebrecht pagó en Colombia 32,5 millones de dólares en sobornos a políticos en el marco de una práctica que llevó a cabo en al menos 12 países, entre ellos diez latinoamericanos.
Seis personas han sido condenadas en Colombia por la trama de sobornos hasta el momento.
El caso tomó un giro dramático en Colombia, tras la muerte el 8 de noviembre de un auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la vía que comunicaría el centro con el norte del país.
Tres días después su hijo falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.
Pizano dejó grabada una entrevista en la que asegura que el entonces abogado y hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, supo de las irregularidades del consorcio y no lo denunció.
En ese entonces Pizano tenía una relación personal y profesional con el actual fiscal, quien trabajaba como abogado del influyente banquero Luis Carlos Sarmiento, dueño de Corficolombiana.
