La Fiscalía iniciará hoy, 3 de diciembre de 2018, la toma de versiones dentro de la indagación previa por los presuntos cobros indebidos que salpican a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.
La funcionaria reconoció que en su primer período como asambleísta por Guayas era la encargada de recaudar los aportes de los militantes para financiar a la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
La Segunda Mandataria afirma que esa organización es de hecho y no de derecho. Por ese motivo, según argumentó, la agrupación estaba impedida de abrir una cuenta bancaria para que sean depositados los aportes de sus adherentes.
Sin embargo, la ABA sí tiene un movimiento con personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de una organización política provincial, con ámbito de acción en Los Ríos. Actualmente tiene asignado el casillero 69.
En una entrevista radial, Vicuña dijo que ABA cuenta con diferentes estructuras y comisiones, pero insistió en que no tienen registro electoral. De acuerdo con información del CNE, ABA Los Ríos es una de las 278 organizaciones políticas que podrán presentar candidatos para las elecciones seccionales del 24 de marzo del próximo año.
El presidente de ABA Los Ríos es Patricio Zambrano. En un informe de rendición de cuentas del 2017, Zambrano figuraba como director de la Oficina Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), en Los Ríos.
En ese año, la actual vicepresidenta fue designada Ministra de esa Cartera de Estado. ABA tiene presencia en 20 provincias del país, con sus respectivas autoridades. Así lo señaló Tamara Chacón, secretaria provincial de la agrupación en Guayas.
Además, sostuvo que no todos los aportes son económicos, sino que también se entregan materiales o insumos. “Cada provincia tiene su estructura organizativa, que responde a nuestro estatuto orgánico”, aseguró. Geovanny Macías, otro dirigente de la agrupación en Guayas, agregó que “los líderes de cantones, parroquias y provincias financian las actividades con aportes de sus militantes”.
En ABA se analizó internamente la opción de inscribir a la agrupación en el CNE. Sin embargo, según Chacón, no “quisieron generar una expectativa negativa respecto de su relación con Alianza País”.
En el caso de ABA Los Ríos, la representante sostuvo que “la coyuntura y las condiciones daban para que en esa provincia sí se registren en el Consejo Nacional Electoral”. El viernes último salió a la luz un segundo caso de presuntos cobros indebidos que apunta a María Alejandra Vicuña.
Una exasesora del despacho de la entonces asambleísta denunció que había depositado unos USD 14 650 en la cuenta personal de la ahora Vicepresidenta. Ángel Sagbay, exasesor de Vicuña entre el 2011 y 2013 y quien asegura mediante declaración juramentada que hizo depósitos a la cuenta de Vicuña, fue convocado hoy por la Fiscalía, para que rinda su versión libre y voluntaria. La diligencia será a las 10:00. Más temprano acudirá a la Fiscalía el exasambleísta Andrés Páez.
Se prevé que el político reconozca su firma en la denuncia que presentó para que se investiguen los presuntos cobros irregulares. Ruth Palacios, fiscal general subrogante, adelantó que si se presenta otra denuncia en este caso se incluirá en la misma indagación previa.
Agregó que esta fase de la investigación tiene el carácter de reservado. Una de las figuras penales en las que podría haber incurrido la Segunda Mandataria es la de concusión. El COIP tipifica a este delito cuando servidores públicos piden cuotas o contribuciones indebidas.
Según datos del Consejo de la Judicatura, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año se ingresaron 39 causas por concusión, a escala nacional. De ellas, solo en tres casos hubo sentencias condenatorias.
Las acusaciones contra Vicuña también pusieron en evidencia las diferencias dentro de Alianza País (AP). La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, cuestionó un comunicado difundido en las redes sociales de AP, en el que se respalda a Vicuña. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, espera reunir hasta mañana las firmas necesarias para formalizar la solicitud de juicio político en contra de Vicuña ante la Comisión de Administración Legislativa.
El legislador asegura que ya tiene 58 rúbricas. Vicuña, sin hablar de renuncia, aclaró que su “cargo siempre estará a disposición del Presidente hasta que goce de su confianza”.
Con información de El Comercio
