En los primeros cuatro meses de gobierno del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, del oficialista Partido Colorado, la pobreza estructural y el avance del narcotráfico con operadores de las bandas rivales brasileñas:
Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho generaron turbulencias administrativas opacando cualquier programa de desarrollo social, según dijeron a The Associated Press analistas políticos y líderes campesinos.
“El narcotráfico está llegando con fuerza a Asunción porque sus actividades criminales dejaron de desarrollarse exclusivamente en las amplias fronteras con Brasil, como consecuencia de la debilidad no solo de los organismos de seguridad sino, además, de la justicia”, dijo el analista Ignacio Martínez.
Paraguay, según la oficina de lucha contra las drogas de las Naciones Unidas, es el primer productor de marihuana en la América del Sur.
La oficina estatal antidrogas Senad informó que unos 230 criminales extranjeros, principalmente brasileños, fueron apresados esperando se concrete la extradición.
Dos de los jefes del Comando Vermelho, Jarvis Chimenes Pavao y Marcelo Pinheiro fueron extraditados y expulsados hacia el Brasil, respectivamente. Otros doce líderes de esas agrupaciones criminales esperan su entrega a las autoridades brasileñas.
Martínez agregó “unos 700 kilómetros de frontera seca sin control policial y aduanero con Brasil facilitan las actividades de los narcotraficantes pero no debería ser un pretexto para encubrir la inacción estatal de represión”.
“Los primeros meses de Abdo Benítez “no ofreció nada nuevo desde que asumió el mando el 15 de agosto pasado (para un periodo de gobierno de cinco años), salvo pelearse todos los días con el recuerdo del anterior gobierno de Horacio Cartes”.
En tanto, Belarmino Balbuena, líder de la organización de centroizquierda Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), comentó en idioma guaraní que Abdo Benítez “está llevando adelante hasta el momento un gobierno débil, atrapado en sus compromisos electorales: solo está distribuyendo cargos en la administración pública a personas que apoyaron su candidatura”.
“Estamos preparando para marzo próximo una movilización nacional de protesta porque este gobierno es igual a los anteriores:
Sin programas para erradicar la pobreza, sin proyectos para fortalecer la agricultura familiar, sistemas de salud pública y educación colapsados y carentes de equipamientos, asentamientos de familias pobres en terrenos sin titulación y, por tanto, sin posibilidades de obtener créditos”, se quejó.
Otro punto de vista, sin embargo, tuvo Héctor Cristaldo, presidente de la patronal Coordinadora Agrícola del Paraguay, señalando a la AP que “la administración de Abdo Benítez debe poner cuidado y énfasis en la calidad del gasto. Ese es, para nosotros, el punto”.
El presupuesto general de gastos del Estado para 2019 es de 14.000 millones de dólares “pero se debe gastar con inteligencia en los diferentes programas sociales”.
Cristaldo celebró que el Senado de 45 miembros rechazó “días atrás por 29 votos contra 14 un proyecto de ley para que las exportaciones de granos al natural (principalmente soja) pague un impuesto (15% al inicio).
Los productores agrícolas pagamos miles de millones de guaraníes (moneda local) en concepto de impuestos a la renta comercial, industrial y de servicios. Además, pagamos el IVA”, acotó.
La soja es el primer producto de exportación de Paraguay: en 2018 se cultivó la oleaginosa en una superficie 3 millones de hectáreas, cosechándose 11 millones de toneladas. Por su exportación ingresaron al país 4.000 millones de dólares.
Paraguay posee 7 millones de habitantes, el 34% es menor de 30 años de edad, según la Dirección General de Encuestas y Estadísticas.
La pobreza fue de 26,40% en 2017, inferior a 28,86% de 2016; la pobreza extrema, en tanto, en 2017 fue de 4,41%, inferior a 5,73%.
La oficina de Gestión Social del gobierno difundió un resumen del programa de Abdo Benítez para los próximos cinco años: contratación del experto estadounidense Richard Culatta, ex asesor del ex presidente Barack Obama, para liderar ejecución de proyectos tecnológicos en el sistema educativo:
Fortalecer combate al narcotráfico, aplicar medidas efectivas contra el lavado de activos, denunciar casos de corrupción, construcción de nuevas cárceles; reducir la pobreza mediante la inscripción de unas 40.000 familias en estado de miseria para recibir mensualmente unos 100 dólares como ayuda con la condición de enviar a sus hijos a la escuela; entre otros planes generales.
