El primer día laborable del año 2019 inició con presiones para el gobierno de Lenín Moreno que, de manera sorpresiva y aprovechando el embobamiento colectivo por las festividades de Navidad y fin de año, decretó el alza del diésel, de la gasolina súper, así como la rebaja de sueldos para miles de funcionarios del sector público.
Este martes, la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), la más grande e influyente del país, rechazó el incremento de precios de los combustibles, exigió a Lenín Moreno (quien aún no retorna de sus largas vacaciones) que derogue el decreto 619 (que avala el alza) y se declaró “en resistencia”, un hecho que conlleva posibles medidas de protesta (paralización del servicio, cierre de vías, entre otras).
“Si este decreto continúa, lamentablemente nosotros, por inercia mismo, vamos a tener que dejar nuestros buses en nuestra casa”, dijo Abel Gómez, dirigente del gremio transportista que agrupa a unas 300 cooperativas y 10 mil socios.
“Nos hemos declarado en sesión permanente para analizar con el mismo gobierno, en el momento que sea posible, alternativas para poder paliar la crisis que atraviesa el Ecuador”, añadió Abel Gómez quien recalcó que el decreto ejecutivo tendrá un duro impacto en la economía de los ciudadanos.
Este mismo día, los dirigentes de los taxistas esperaban reunirse con representantes del Gobierno para conocer, luego de varios días de vigencia del aumento de la gasolina Extra y Eco País, las medidas de compensación para sus agremiados.
Lo que ha habido hasta la fecha son solo anuncios públicos, pero según Carlos Brunis, dirigente de los taxistas, quieren que estos vayan más allá de las buenas intenciones y se concreten, por fin, en resoluciones que sean palpables para sus afiliados.
Santiago Cuesta, asesor presidencial, había informado a través de la prensa que como compensación se entregaría 50 dólares a las cuentas de los conductores de taxis, pero solo en lo que llamó “las principales ciudades”, es decir, Quito, Guayaquil, Cuenca y otras pocas. No dijo que pasaría en el resto de ciudades del país.
Mientras tanto, estudiantes del colegio fiscal Mejía, en Quito, se tomaron las calles de la capital ecuatoriana para protestar en contra del alza de combustibles, el desempleo y otras medidas de corte neoliberal que no constaron en el programa de gobierno inscrito por Lenín Moreno durante las elecciones y que, por el contrario, formarían parte del giro a la derecha que tomó su administración traicionando el proyecto que lo llevó al poder: la Revolución Ciudadana de Rafael Correa.
Incluso, quienes antes lo aplaudían, como es el caso de alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot (a quien se atribuye estar detrás de las políticas de Lenín Moreno) cuestionó el alza de los combustibles.
“Yo estuve definitivamente en contra de esa medida, tal como se la ha tomado. No es que primero se toman estas decisiones y luego ver qué pasa. Eran necesarios estudios, conceptos”, dijo Jaime Nebot en una entrevista radial.
Crisis inducida
En Ecuador ya se ensaya una explicación a todo este relajo organizado. Se trata del concepto de crisis inducida para legitimar las privatizaciones de la infraestructura y empresas públicas, para justificar la flexibilización laboral y disminución de salarios, y para reducir el tamaño del Estado.
Todo esto impulsado y apoyado por los sectores empresariales, afines al gobierno de Lenín Moreno.
En coincidencia con lo antes expuesto, este martes, Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, planteó que se realicen reformas al Código Laboral, entre ellas: facilidades para desvincular a los empleados en el sector privado; cambiar la modalidad de contratos actuales (que garantizan estabilidad laboral y derechos a los empleados) a contratos por hora; reducir (más) impuestos a los empresarios y tiempos de prueba más amplio.
Esto significaría un retroceso para los empleados pues significaría renunciar a derechos y caer en la precarización laboral a guisa de facilitar la generación de más empleos.
Este escenario de caos institucionalizado en vísperas de elecciones seccionales, previstas para marzo, donde ya se han presentado denuncias de presiones de la principal autoridad electoral para favorecer la inscripción de candidaturas de la derecha; las dudas sobre el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional, la profundización de la persecución política judicial, configura un país a la deriva con un Lenín Moreno cada vez más ausente, tanto física como simbólicamente.
Con un vicepresidente que entró por la ventana, pero que ahora mismo tiene más atribuciones que el propio presidente de la República, y la sensación de que quienes mueven los hilos del poder, del verdadero poder, actúan tras bastidores con un plan macabro que nadie sabe en dónde y en qué mismo va a terminar.
